En el primer día de clases tras el receso invernal en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, docentes de todo el país llevan adelante este lunes un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Mientras el Gobierno nacional advirtió que fiscalizará escuelas y aplicará sanciones si no se garantiza el funcionamiento mínimo, desde el gremio denunciaron presiones para desactivar la medida de fuerza y volvieron a exigir la reapertura de las paritarias.

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, sostuvo que el Ejecutivo «reprime la protesta social y el derecho de huelga, en vez de mejorar la propuesta educativa y los salarios». Además, denunció que desde el viernes hubo presiones sobre provincias y establecimientos educativos para reducir el impacto del paro.

En ese sentido, apuntó contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, al asegurar que mantuvo contactos con ministros de Educación provinciales para que ejercieran controles sobre la huelga. «Si esa energía se utilizara para cumplir las leyes, porque el derecho de huelga es constitucional», afirmó en declaraciones radiales.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la postura oficial y remarcó que el derecho a huelga debe ejercerse respetando la Ley de Modernización Laboral, que establece una cobertura mínima del 75% del servicio educativo.

El funcionario explicó que el Ministerio de Capital Humano desplegó durante la jornada inspecciones por muestreo en distintos establecimientos del país para verificar el cumplimiento de ese porcentaje. Según indicó, si se detectan incumplimientos, se iniciará un procedimiento sancionatorio contra el sindicato.

Cordero también advirtió que la normativa vigente contempla, como instancia máxima, la posibilidad de cuestionar la personería gremial de la organización sindical, aunque evitó precisar qué tipo de sanciones podrían aplicarse en cada caso.

Desde CTERA rechazaron esa posibilidad y calificaron de «muy grave» el accionar del Gobierno. Alesso cuestionó que el Ejecutivo hable de operativos, sanciones y penalizaciones, pero no convoque a una nueva negociación salarial.

«Volvemos a pedir que nos convoquen y mejoren el piso salarial. Las escuelas se caen a pedazos y los maestros no llegan a fin de mes», afirmó la dirigente, quien anticipó una alta adhesión a la medida de fuerza en todo el país.

El Gobierno, en tanto, sostuvo que la responsabilidad de negociar los salarios corresponde a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, ya que son las empleadoras de los docentes desde la transferencia de los servicios educativos. Según explicó Cordero, el Estado nacional únicamente interviene para fijar el salario mínimo docente a través del Consejo Federal de Educación.

Sin embargo, desde el gremio insisten en que el Ejecutivo debe actualizar ese piso salarial nacional y reabrir la paritaria docente, al considerar que los ingresos actuales resultan insuficientes frente al aumento del costo de vida.