El proyecto de desregulación de la actividad farmacéutica impulsado por el gobierno continúa generando rechazo desde el sector sindical. A los planteos que viene realizando el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) se sumó la Federación Nacional Mercantil Mutualista de la FAECYS (FENAMMF), expresando su «profunda preocupación» ante la iniciativa que será presentada en los próximos días ante el Senado para su tratamiento, y que incluye otros sectores como el inmobiliario.

En un documento que lleva la firma del líder mercantil, Armando Cavalieri, expuso que «las modificaciones propuestas implican un cambio de enorme trascendencia para el sistema farmacéutico argentino» y agregó: «Sin embargo, el debate trasciende la organización de las farmacias: pone en discusión el papel que debe asumir el Estado para garantizar el derecho a la salud y el acceso seguro a los tratamientos farmacológicos».

Asimismo, advirtió que «el medicamento no es un producto de consumo común; es un bien social de interés sanitario cuya utilización requiere controles, asesoramiento profesional y un marco regulatorio que garantice su calidad, trazabilidad y uso racional y que cada decisión vinculada a su dispensación impacta directamente en la seguridad de las personas».

La mutual mercantil, ligada a la Federación de Empleados de Comercio sostuvo que «la evidencia sanitaria es contundente. La automedicación, el uso inadecuado de medicamentos, las interacciones farmacológicas, las reacciones adversas, la resistencia antimicrobiana y la demora en diagnósticos oportunos constituyen problemas de salud pública reconocidos en todo el mundo«.

Remarcó que la farmacia cumple «una función sanitaria esencial dentro de la red de atención, donde el profesional farmacéutico brinda orientación, previene riesgos y promueve el uso seguro de los tratamientos»; en consecuencia «corresponde al Estado establecer, regular y fiscalizar las condiciones en las que se desarrolla esta actividad».

El comunicado que lleva la firma de Cavalieri apuntó contra el proyecto elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, afirmando que «las reformas propuestas trasladan progresivamente decisiones sanitarias hacia una lógica predominantemente comercial». Añadió que «la ampliación de los canales de comercialización, la incorporación de plataformas digitales como intermediarias, la flexibilización de los mecanismos de expendio y la integración vertical entre distribución y venta al público modifican el modelo sanitario vigente y generan condiciones para que intereses económicos prevalezcan sobre criterios de salud pública».

Advirtió que el proyecto «favorece una mayor concentración del mercado farmacéutico y la posibilidad de operar bajo diversas figuras societarias y la creciente participación de grandes operadores con mayor capacidad financiera, tecnológica y logística profundizan las asimetrías competitivas, afectando especialmente a las farmacias mutuales, cooperativas, sindicales y a aquellas que garantizan la prestación del servicio en pequeñas localidades».

Según Cavalieri, «estas instituciones cumplen una función social indispensable. En numerosas comunidades son el único punto de acceso cercano a medicamentos y atención farmacéutica profesional, asegurando la continuidad del servicio incluso donde la rentabilidad económica resulta insuficiente para otros actores del mercado».

La FENAMMF cerró diciendo que «en toda modernización normativa debe orientarse a fortalecer el sistema sanitario, ampliar el acceso de la población a los medicamentos y mejorar la calidad de las prestaciones, sin debilitar los mecanismos de control ni disminuir la responsabilidad del Estado como garante del derecho a la salud».

Peretta advierte que Sturzenegger terminará respondiendo ante los tribunales

En tanto, el secretario General del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, también criticó a Sturzenegger por el proyecto de desregulación, revelando que «lo que está haciendo el ministro es una gran estafa disfrazada de libertad. Para bajar los precios hay que fomentar la competencia entre los laboratorios que los fijan, no abriendo la venta en kioscos o supermercados que no regulan el valor».

Indicó que la apertura en la comercialización atenta contra la salud pública al banalizar el uso de los fármacos y fomentar la automedicación, sin lograr el objetivo económico prometido. Explicó que «la desregulación no funciona: en junio los medicamentos aumentaron un 2,6%, superando por más de un 50% a la inflación general. Se está favoreciendo la concentración de un pequeño grupo de laboratorios mientras se avanza al margen de la ley».

El dirigente advirtió sobre las consecuencias judiciales que podría afrontar Sturzenegger al avanzar con regulaciones que fueron frenadas en los tribunales, detallando que «la Justicia tiene suspendido el capítulo de desregulación farmacéutica y Sturzenegger avanza como si estuviera aprobado. Va a terminar preso porque está contradiciendo la ley de forma deliberada y tarde o temprano va a tener que responder ante los tribunales».