El plan económico de Luis Caputo sufrió un revés en uno de los indicadores que el Fondo Monetario Internacional considera centrales para evaluar el acuerdo vigente. El Gobierno no cumplió la meta fiscal correspondiente a junio y quedó por debajo del objetivo de superávit primario comprometido para el primer semestre, una situación que obligará al Ministerio de Economía a solicitar un nuevo waiver para evitar que el incumplimiento afecte el programa.

Los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda mostraron que junio terminó con un déficit primario de $696.843 millones, mientras que el resultado financiero arrojó un rojo de $1,02 billones, luego del pago de intereses por $328.049 millones. Se trató del primer saldo negativo de la administración libertaria fuera del habitual impacto estacional de diciembre.

El desvío modificó el resultado acumulado de la primera mitad del año. El superávit primario llegó a $6,2 billones, por debajo de los $6,8 billones comprometidos con el FMI para esta etapa del programa. La meta anual permanece fijada en un superávit equivalente al 1,4% del PBI, calculado en aproximadamente $16,2 billones.

El incumplimiento adquirió relevancia porque la tercera revisión del acuerdo con el organismo está prevista para septiembre. En esa instancia, el Fondo evaluará el desempeño de las metas cuantitativas y el frente fiscal ocupa el lugar más importante dentro de esos compromisos.

La explicación oficial apuntó a factores transitorios. Caputo sostuvo que «El resultado fiscal se encontró influido tanto por los menores ingresos asociados a la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias para personas humanas como por la estacionalidad vinculada al pago de aguinaldos».

El ministro también defendió la estrategia fiscal del Gobierno y afirmó: «El orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico, que se alcanzó a través de una fuerte reducción en el gasto público y ha permitido una baja de impuestos nacionales acumulada desde 2024 equivalente a casi 3% del PIB».

Sin embargo, las cifras reflejaron un deterioro en los recursos del Estado. Los ingresos totales retrocedieron 8,5% en términos reales respecto de junio del año pasado, producto de una baja del 8,8% en la recaudación tributaria. Entre las principales causas aparecieron la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, la menor actividad económica y la reducción de las retenciones.

Al mismo tiempo, el gasto dejó de caer al ritmo que había mostrado durante los primeros meses de la gestión. Las erogaciones primarias aumentaron 3,1% en términos reales, con fuerte incidencia de los subsidios económicos.

La asistencia al sector energético resultó uno de los factores que más presión ejerció sobre las cuentas públicas. Los subsidios energéticos crecieron más de 125% en términos reales, en un contexto donde Economía evitó aplicar incrementos tarifarios de mayor magnitud para contener la inflación durante el invierno. También aumentaron las partidas destinadas al transporte y las prestaciones sociales, impulsadas por el pago del medio aguinaldo.

En contraste, el ajuste continuó sobre otras áreas del Estado. Los salarios del sector público registraron una caída real cercana al 10%, las transferencias discrecionales a las provincias descendieron más del 56% y la obra pública volvió a mostrar un fuerte retroceso.

Semanas antes de conocerse estos resultados, el propio Caputo había admitido las limitaciones del ajuste. «recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil», reconoció el ministro. También afirmó: «Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del PBI. Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los ’90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años».

Las consultoras privadas advirtieron que el escenario fiscal se volvió más exigente. Desde LCG señalaron: «El Gobierno se comprometió con el FMI a cerrar una meta de superávit de 1,4% del PBI este año, revisada hacia abajo desde el 2,2% de la meta original. La baja persistente de los ingresos impone un desafío mayor para cumplir con el compromiso en tanto exige un mayor ajuste sobre el gasto. Pero más allá de la voluntad oficial de cumplir con la meta, la magnitud, la composición y la tolerancia social del esfuerzo fiscal necesario para hacerlo podrían significar un costo para el Gobierno».

El economista Juan Manuel Franco, del Grupo SBS, consideró que todavía existe margen para alcanzar el objetivo anual, aunque condicionó esa posibilidad a una mejora de la economía. «Que el resultado converja al 1,5pp del PBI del Presupuesto dependerá, en primer lugar, de la respuesta de la actividad en los sectores rezagados al estímulo monetario en curso; luego, de que el sendero de desinflación se consolide, de la capacidad de resistir presiones de gasto en la antesala electoral y del calendario, siempre incierto, de los ingresos extraordinarios».

De esta forma, el incumplimiento de la meta de junio dejó al Gobierno frente a su primer traspié fiscal dentro del programa vigente con el FMI. La próxima revisión definirá si el organismo acepta el desvío mediante un nuevo perdón técnico o exige medidas adicionales para recuperar el sendero comprometido.