Mauricio Novelli, el lobista amigo de Javier Milei que estuvo detrás de $LIBRA, abre lugar a una nueva estrategia para salvar a sus amigos de la responsabilidad en la gran estafa que arruinó económicamente a miles de personas y que tuvo en su seno un tweet del Presidente.

El trader ahora se presentó en la causa con el objetivo de sacar de juego a las querellas que impulsan la investigación (y espabilan al Fiscal Eduardo Taiano). El planteo de Novelli es que no existió estafa, ya que no hubo un engaño, dado que quienes operan con activos digitales saben que se trata de un mercado volátil, descentralizado, no regulado y riesgoso.

El recurso presentado por Novelli al juez Marcelo Martínez de Giorgi, a través de su abogado, Daniel Rubinovich, se llama –en la jerga judicial– “excepción de falta de acción”. Apunta, precisamente, a propiciar el fin de una investigación.

En su presentación, afirma: “No basta con invocar pérdidas económicas indirectas, interés político, preocupación institucional o simple disconformidad con el desarrollo de determinados acontecimientos públicos”.

El escrito de Novelli tiene algunos párrafos particulares destinados a defender al Presidente. Dice que el hecho de que Milei haya producido, con un tuit, la primera publicación donde aparecía el contrato para comprar $LIBRA es “irrelevante” desde el ángulo jurídico-penal.

Su argumento es que el posteo no mentía; en todo caso, “el mensaje tuvo así un contenido político, eminentemente vinculado con la promoción de iniciativas privadas, la innovación tecnológica y el financiamiento descentralizado”.

Las querellas, incluso quienes actúan como “amicus curiae” desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), sostienen que el delito que le cuadra al Presidente sería –de mínima– el de negociaciones incompatibles con la función pública, por el simple hecho de haberse interesado en un negocio que podría traer beneficios a terceros, léase los criptobros amigos.

En cambio, la defensa de Novelli sugiere que, con esa imputación, ponen el eje en delitos contra la administración pública y se despreocupan por la afectación a su patrimonio individual. El CIPCE insistió, en un escrito, en que ya se podría y debería haber indagado al jefe de Estado por ese delito, más allá del resto de lo que se investigue.

Con información de Irina Hauser para Página12.