La Justicia federal sumó un nuevo capítulo a la investigación que involucra a José Luis Espert por una transferencia de USD 200.000 recibida desde Estados Unidos. Este miércoles, el fiscal federal Fernando Domínguez requirió la declaración indagatoria del exdiputado nacional al considerar que existen elementos para profundizar la pesquisa sobre el origen y la utilización de esos recursos.

La presentación judicial también incluye a Mariano Cosentino, contador de Espert, cuya citación fue solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal. Ahora será el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien deberá determinar si hace lugar a los pedidos formulados en el expediente.

La causa se centra en los fondos enviados por el empresario Federico “Fred” Machado, quien respaldó financieramente la primera candidatura presidencial de Espert en 2019. Según consta en la investigación, Machado transfirió USD 200.000 al dirigente liberal en 2020, en el marco de un contrato cuyo valor total alcanzaba el millón de dólares.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Espert habría llevado adelante distintas operaciones destinadas a otorgar una apariencia lícita al dinero bajo sospecha. Entre los movimientos analizados figuran la adquisición de vehículos de alta gama, incluyendo unidades de las marcas BMW y Lexus, además de desembolsos realizados a un fideicomiso identificado como Dunas.

La pesquisa también apunta a Varianza SA, la firma comercial vinculada al exlegislador. Para la fiscalía, la sociedad habría recurrido a documentación contable apócrifa con el objetivo de respaldar y justificar el origen de los fondos investigados.

Uno de los ejes centrales del expediente está relacionado con la explicación brindada por Espert sobre la transferencia. El dirigente sostuvo públicamente que el dinero correspondía a un contrato de consultoría para asesorar a Machado en una explotación minera ubicada en Guatemala. Sin embargo, los investigadores pusieron en duda esa versión.

Entre los elementos reunidos en la causa se destaca que Espert nunca habría viajado a Guatemala, que las minas vinculadas al supuesto proyecto no estaban en funcionamiento y que no se encontraron pruebas concretas que acrediten la prestación de servicios profesionales vinculados a ese acuerdo.

 El empresario estaba siendo investigado por maniobras vinculadas al narcotráfico y, en mayo de este año, admitió ante la Justicia de Estados Unidos haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.

Mientras el magistrado analiza el pedido de indagatoria, Espert continúa con sus bienes inhibidos por orden judicial. La medida le impide vender inmuebles o disponer libremente de los fondos depositados en sus cuentas bancarias, salvo aquellos movimientos autorizados para afrontar gastos habituales.