Amnistía Internacional presentó una nueva acción judicial contra el Municipio de San Isidro al denunciar la existencia de un presunto protocolo interno que obstaculizaría el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) en el sistema de salud local. La organización sostiene que las medidas implementadas durante la gestión del intendente Ramón Lanús vulneran derechos garantizados por la Ley Nacional 27.610 y generan demoras, obstáculos administrativos y situaciones de persecución hacia profesionales de la salud.

La presentación fue anunciada durante una conferencia de prensa organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte, junto a Amnistía Internacional, referentes de derechos humanos, sindicatos, trabajadores de la salud, concejales y organizaciones feministas. Allí se informó que la demanda busca que la Justicia ordene el cese inmediato de las prácticas denunciadas y garantice el acceso efectivo al aborto legal en todos los niveles de atención del sistema sanitario municipal.

La concejal de MDF Manuela Schuppisser afirmó que las dificultades comenzaron a detectarse tras la llegada de la actual gestión municipal. Según explicó, mujeres que acudían al Hospital Materno Infantil eran derivadas a instancias que buscaban disuadirlas de ejercer un derecho contemplado por la legislación vigente e incluso recibían material de contenido religioso.

Desde Amnistía Internacional señalaron que las denuncias comenzaron a recibirse en 2024 y se profundizaron durante 2025. Según explicó Mariela Galassi, representante de la organización, los testimonios relevados describen demoras indebidas, exigencias de reconfirmación del consentimiento y pasos obligatorios por áreas de Psicología y Servicio Social que no están contemplados en la Ley 27.610. También denunció que, pese a reiterados intentos de diálogo con las autoridades sanitarias locales, no obtuvieron respuestas.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la existencia de un protocolo interno que, según Amnistía, fue reconocido por el propio municipio ante la Justicia. La organización asegura que se trata de un documento sin fecha, firma, sello ni publicación oficial, distribuido entre trabajadores de la salud, que establece un circuito especial para quienes solicitan acceder a una interrupción del embarazo.

“Esto confirma lo que sospechamos: la existencia de un circuito informal e irregular que obstruye y dilata el acceso a la práctica”, sostuvo Galassi. Según detalló, el procedimiento concentra injustificadamente las prácticas en el Hospital Materno Infantil, obliga a realizar consultas previas por áreas específicas y exige nuevas ratificaciones de consentimiento, cuando la normativa nacional establece requisitos mucho más simples para garantizar el acceso.

Por su parte, Martina Ferreto denunció además la existencia de un espacio denominado «Maternidades Vulnerables», que habría reemplazado al consultorio de IVE/ILE que funcionaba anteriormente. Según indicó, en ese ámbito se entregaría material religioso y se brindaría información considerada engañosa sobre el aborto con el objetivo de persuadir a las pacientes para que continúen con el embarazo.

La referente también cuestionó que en un distrito con los recursos de San Isidro existan barreras para acceder a una práctica legal y recordó que el Código Penal sanciona a quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a los abortos permitidos por la ley.

Entre los presentes en la conferencia de prensa estuvieron los concejales del Frente Renovador Federico Meca y Virginia Franco, la ex concejala Celia Sarmiento, el concejal Marcos Díaz y la diputada provincial Sofía Vanelli, quienes acompañaron el reclamo impulsado por organizaciones feministas y de derechos humanos para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 27.610 en el sistema de salud municipal.

Durante la conferencia también se difundió un comunicado firmado por profesionales de la salud del distrito, quienes denunciaron un clima de persecución laboral y aseguraron que desde 2024 se modificó completamente el circuito que garantizaba el acceso al aborto legal. Según expresaron, se eliminó el consultorio específico de IVE/ILE, se limitó la consejería en los centros de salud y se desalentó la prescripción de la medicación necesaria para realizar los procedimientos, lo que genera un escenario «hostil» tanto para pacientes como para trabajadores sanitarios.

La acción presentada ante el fuero Contencioso Administrativo de San Isidro solicita además una medida cautelar para que la garantía de acceso al aborto legal se aplique de manera inmediata mientras avanza la causa judicial. Desde Amnistía Internacional sostienen que el actual esquema de atención representa una «vía de hecho» incompatible con la legislación nacional y advirtieron que las barreras denunciadas pueden derivar en graves consecuencias para la salud, además de responsabilidades legales para el municipio.