Mientras los indicadores sociales muestran un crecimiento del endeudamiento de los hogares, el oficialismo buscará dar un paso clave en el Senado con la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto reúne modificaciones sobre alquileres, tierras rurales y normativa ambiental, y cuenta con respaldo de gobernadores y fuerzas provinciales.

Uno de los aspectos más controvertidos apunta a los contratos de alquiler. La propuesta establece mecanismos más rápidos para recuperar inmuebles frente a situaciones de mora. Si prospera la iniciativa, el propietario podrá reclamar la restitución de la vivienda apenas transcurran diez días desde la notificación de la deuda o del vencimiento contractual.

La modificación implica un cambio sustancial respecto del esquema vigente. Actualmente, la legislación exige un período más amplio antes de habilitar la rescisión del contrato. Según explicó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, el nuevo sistema también restringe las posibilidades de regularización por parte del inquilino. “Y encima eliminan la posibilidad de cancelar la deuda. Una vez que el dueño hizo la demanda, el inquilino ya no puede cancelar la deuda que tenía”, advirtió.

La redacción original del proyecto contemplaba plazos todavía más breves. La propuesta inicial fijaba apenas tres días para concretar el procedimiento. Sin embargo, durante las negociaciones parlamentarias, los bloques aliados reclamaron cambios y lograron extender ese período a diez días para los inquilinos morosos. Para los casos catalogados como usurpación, en cambio, el plazo permaneció en tres días.

Las conversaciones también impactaron sobre otro capítulo sensible. El Gobierno retiró la disposición que habilitaba intervenciones sobre barrios populares registrados en el RENABAP. La decisión llegó después de cuestionamientos de organizaciones sociales y referentes eclesiásticos, quienes alertaron sobre las consecuencias que podría generar una política de desalojos en esos sectores.

Además de los cambios vinculados a la vivienda, la iniciativa introduce modificaciones de fuerte impacto sobre el uso de la tierra. El proyecto elimina las restricciones establecidas por la Ley de Manejo del Fuego para los terrenos afectados por incendios.

La normativa sancionada en 2020 había impuesto limitaciones para impedir operaciones inmobiliarias o productivas sobre superficies alcanzadas por el fuego. En áreas agrícolas, la prohibición se extendía durante 30 años. En el caso de los bosques nativos, el plazo llegaba a 60 años.

La nueva propuesta elimina esas restricciones. Desde el oficialismo sostienen que la regulación vigente afecta derechos de propiedad y limita actividades productivas durante períodos excesivamente prolongados. Durante su exposición ante senadores, Federico Sturzenegger cuestionó el esquema actual y afirmó: “¿Qué sentido tiene extender la protección de los bosques nativos a la producción agropecuaria? Para una producción agropecuaria es un dislate extender el concepto y afectar la propiedad privada durante 30 años sin poder hacerle ninguna modificación”.

La eliminación de estas barreras ambientales abre la puerta a cambios de uso y eventuales operaciones de venta sobre tierras que anteriormente permanecían protegidas tras sufrir incendios.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto refiere a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa elimina los límites que regían para ese tipo de operaciones. Como resultado de las negociaciones con gobernadores y legisladores provinciales, se incorporó una cláusula que exige la participación de las administraciones provinciales en la autorización de futuras ventas.

Con esos acuerdos cerrados, el oficialismo llega al debate en la Cámara alta con expectativas favorables. El Gobierno apuesta a conseguir la media sanción de una ley que combina una mayor protección de los derechos de propiedad con cambios profundos en materia habitacional, territorial y ambiental.