La agenda parlamentaria se presentará como un nuevo desafío para diputados y senadores en el Congreso. Luego de que la semana pasada varios aliados del oficialismo votaran a favor de la restricción al régimen de zona fría, una ampliación que ellos mismos habían respaldado años atrás, ahora el gobierno de Javier Milei impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, sancionada en 2021.

La norma obliga a las empresas a informar, mediante octógonos negros en los envases, el contenido real de los productos. En su momento, fue resistida por la industria, pero obtuvo un amplio respaldo parlamentario: 200 votos a favor y 22 en contra en Diputados, con 16 abstenciones y 18 ausencias; y en el Senado, 64 votos a favor y 3 en contra, principalmente de provincias azucareras.

Hoy, varios de aquellos legisladores integran bloques aliados al oficialismo y deberán decidir si acompañan la derogación. Entre los casos más comentados figura el de la diputada Pamela Verasay, quien como senadora había apoyado la ampliación del régimen de zona fría y la ley de etiquetado, pero la semana pasada votó junto a La Libertad Avanza para dar marcha atrás con la primera.

La situación se repite con dirigentes como Luis Petri, ex UCR y ex ministro de Defensa, que en 2021 votó a favor de la ley y ahora se espera que acompañe su derogación. También con gobernadores cercanos a la Casa Rosada, como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan), cuyos diputados ya se alinearon con el oficialismo en la votación de zona fría.

En el Senado, donde comenzará el debate, habrá que observar la postura de referentes como Carlos “Camau” Espínola, que en su momento apoyó la ley, y de otros aliados que hoy suelen votar junto al oficialismo. Incluso la actual embajadora en Canadá, Lucila Crexell, había acompañado la iniciativa cuando era senadora.

La discusión promete reeditar la frase “nadie resiste un archivo”: legisladores que defendieron la ley en 2021 podrían ahora votar por su derogación, justificando que la norma no tuvo el efecto esperado o que generó costos excesivos para la industria.

En paralelo, voces como la de la diputada Laura Rodríguez Machado sostienen que su postura fue siempre crítica: “El sistema generó situaciones absurdas y costos elevados que terminaron favoreciendo a los actores más grandes”, señaló.

El proyecto de derogación expone así las tensiones de un Congreso donde las alianzas políticas se reconfiguran y donde la coherencia de los archivos legislativos vuelve a ser puesta en cuestión.