El intendente de Morón, Lucas Ghi, se refirió por primera vez al caso de Luna Suyai Ortigoza, la exdirectora municipal señalada en una causa por presunta comercialización de droga. La investigación judicial tomó estado público luego de un allanamiento en una vivienda de Castelar sur, donde las fuerzas federales encontraron medio kilo de cocaína.

En medio de la conmoción política que provocó el episodio, Ghi defendió la decisión de apartar de inmediato a la funcionaria y aseguró que el Municipio colaboró desde el inicio con la investigación judicial. “Quiero ratificar nuestro compromiso con la verdad y seguir promoviendo este tipo de allanamientos, expresando la voluntad del Gobierno Municipal en la lucha contra la droga, contra las mafias, el lavado de activos y todo ese entramado oscuro que tenemos que desterrar para siempre. No hay que sobreactuar ni subestimar nada”, afirmó.

El jefe comunal también explicó que la administración local entregó toda la documentación requerida por la Justicia. “Poner todos los elementos a disposición de la justicia para que nada ni nadie interfiera en el curso de la investigación”, sostuvo durante una entrevista televisiva.

Ortigoza ocupaba la dirección del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad desde junio de 2025. Antes había trabajado dentro de la estructura municipal desde el inicio de la gestión. La causa judicial la investiga por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por tenencia ilegal de arma de fuego.

Mientras la exfuncionaria permanece prófuga, el caso abrió un nuevo frente político en Morón. Distintos bloques opositores presentaron un pedido de interpelación contra el intendente para exigir explicaciones sobre los controles internos del Municipio y los mecanismos de selección de funcionarios.

La iniciativa reunió firmas de concejales libertarios, dirigentes del PRO y representantes de otros espacios opositores. El proyecto cuestionó la capacidad del Ejecutivo municipal para detectar situaciones irregulares dentro de la administración pública. “Morón atraviesa una de las crisis institucionales, éticas y de seguridad más profundas de su historia reciente”, planteó el texto presentado en el Concejo Deliberante.

En otro tramo, la oposición relacionó el episodio con el antecedente de Karen Cufré, una exagente municipal detenida meses atrás en una causa por extorsiones virtuales. “Esto ya no es un hecho aislado: es una falla sistémica en los controles del Departamento Ejecutivo y una muestra de debilidad institucional o simple complicidad”, señalaron los concejales.

Frente a esos cuestionamientos, Ghi rechazó cualquier intento de encubrimiento y marcó diferencias con otras gestiones políticas. “A diferencia de otras administraciones, no vamos a sostener a ningún funcionario cuya conducta, a priori, está reñida con la ley. No solo lo declamamos, sino que lo ejercemos en la práctica”, respondió.

El intendente también habló sobre la situación de la madre de Ortigoza, quien trabaja dentro del Municipio. Según explicó, no existe ningún elemento judicial que la vincule con la causa penal. “No vamos a vacilar en ir con todo el rigor de la ley, esté involucrado quien esté”, remarcó.

Durante la entrevista, Ghi además trazó una comparación con el caso de Hernán Sabbatella, exsecretario de Legal y Técnica del Municipio, quien había quedado apartado de su cargo tras una denuncia por violencia de género. Según indicó, ambas situaciones no tenían el mismo nivel de pruebas. “En el caso de Hernán no había una severidad de los elementos probatorios como sí lo hay en el de Ortigoza”, explicó.

Luego agregó: “La denuncia no encontró correlato en material probatorio concreto”.