La difusión de un video grabado dentro de la Casa Rosada desató una fuerte reacción oficial que terminó en una denuncia penal contra periodistas. La presentación fue impulsada por la Casa Militar, el organismo encargado de la seguridad tanto de la sede gubernamental como de la residencia de Olivos, y apunta contra dos integrantes de la señal Todo Noticias (TN).

El episodio se originó tras la emisión de imágenes registradas en el interior del edificio gubernamental, lo que encendió alarmas en el Ejecutivo. Desde el área de seguridad consideran que podría haber implicancias legales vinculadas a la divulgación de información sensible, incluso en materia de secretos políticos o militares y aspectos relacionados con la seguridad nacional.

Si bien la Casa Militar depende formalmente de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, en Balcarce 50 remarcaron que la decisión de avanzar judicialmente fue tomada por las propias autoridades del organismo, encabezado por el general de Brigada Sebastián Ibáñez.

En paralelo, el presidente Javier Milei, quien se encontraba de viaje en Israel al momento de la publicación del material, reaccionó con dureza en redes sociales. “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”, escribió en su cuenta de X, en línea con una serie de mensajes críticos hacia el periodismo.

La denuncia se presentó luego de la emisión del programa “Y mañana qué”, conducido por Luciana Geuna, donde se exhibieron distintos espacios de uso común dentro de la Casa de Gobierno.

El expediente quedó radicado por sorteo en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py, bajo la órbita del juez Ariel Lijo. La presentación, firmada por Ibáñez, consta de nueve páginas y también incluye al periodista acreditado Ignacio Salerno, quien se desempeña en la Casa Rosada para TN y cuya acreditación fue suspendida de manera provisoria.

En el escrito judicial se sostiene que se “procura poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno”. Asimismo, se advierte que, “bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente y el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.

Desde la Casa Militar también señalaron que “la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”, en referencia a la Resolución 1319 de la Secretaría de Comunicación y Medios. A su vez, remarcaron que la conducta cuestionada se aleja de “de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a l a labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada”.

En cuanto al encuadre legal, el documento advierte que “las conductas que dan origen a esta denuncia representan una amenaza para la seguridad de la Nación, que deberá investigarse en función de los elementos correspondientes a los delitos previstos en los artículos 222 y 223 del Código Penal, o de conformidad con otras figuras afines que puedan acreditarse a lo largo de la investigación (por ej. las disposiciones penales de la ley 25.520)”. Estos artículos hacen referencia a la posible revelación de secretos vinculados a la seguridad, defensa o relaciones exteriores, mientras que la ley 25.520 regula el sistema de inteligencia nacional.

En relación a la suspensión de la acreditación, desde el entorno gubernamental explicaron que se basa en el reglamento vigente para periodistas acreditados. “El reglamento lo marca como falta grave. Causal de expulsión”, señalaron fuentes oficiales, en alusión a las normas que regulan el trabajo dentro de la Casa Rosada.

Ese marco establece, en el apartado “Prohibiciones expresas. Falta grave”, que “En espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar. La falta de cumplimiento a está prohibición importará una falta grave”. Además, se indica que la reiteración de este tipo de infracciones puede derivar en la pérdida definitiva de la acreditación.

En otro tramo, la denuncia profundiza sobre el contenido del material difundido y advierte que la transmisión “exhibe ante los espectadores los sistemas de vigilancia, los equipos de comunicación, los dispositivos de control de acceso, y otros componentes del sistema de seguridad que deben mantenerse bajo estricta reserva”.

También se subraya que los propios periodistas admitieron que las imágenes fueron obtenidas sin autorización. Según el escrito, “los periodistas reconocieron que los registros obtenidos habían sido furtivos, es decir, que se habían hecho sin conocimiento de los funcionarios y sin autorización de los responsables de la seguridad de la Casa Rosada.”

Incluso se hace referencia a un intercambio ocurrido durante el programa, calificado como llamativo por los denunciantes: “Luego de compartir el video, tuvo lugar un insólito intercambio entre los aquí denunciados, que permite poner de relieve la extrema gravedad de lo sucedido”. En ese diálogo se mencionó la interna dentro del Gobierno, con Karina Milei y Santiago Caputo como protagonistas.

Finalmente, el documento advierte sobre posibles consecuencias del material difundido. Según se detalla, “algunas imágenes, aparentemente inocuas, contribuyen a precisar la ubicación de los despachos, de las salas de reunión y de las áreas de tránsito del Presidente de la Nación”. En esa línea, agregan que “de esta manera, el material audiovisual podría facilitar la elaboración de inteligencia sobre los movimientos habituales del Primer Mandatario”. Y concluyen: “La difusión se hizo viral a través de las redes sociales, exponiendo detalles estructurales y logísticos de l a Casa de Gobierno, que podrían ser utilizados para vulnerar la seguridad del país en uno de sus principales objetivos estratégicos”.