El tradicional boliche Pinar de Rocha, ubicado en Villa Sarmiento, quedó desalojado este martes por la mañana tras una orden judicial que ya contaba con sentencia en primera y segunda instancia. El operativo marcó el final de la actividad en uno de los espacios nocturnos más emblemáticos de la zona oeste.

El procedimiento se llevó a cabo con presencia de efectivos policiales, personal judicial y autoridades locales. En el lugar también estuvo la jueza María Victoria Aloe, titular del Juzgado Civil y Comercial 9 de Morón, quien supervisó la ejecución de la medida. La magistrada explicó que “Es una diligencia complicada, pero se hizo efectiva la orden de desalojo con mucha educación y mucha tranquilidad. Es un desalojo por falta de pago”.

La causa principal tramitó en el Juzgado Civil Nacional N° 40, que dictó el fallo favorable a los propietarios del inmueble. A partir de esa resolución, los dueños recuperaron la posesión del predio. La intervención judicial se concretó sin enfrentamientos ni resistencia por parte de los ocupantes.

Al momento del operativo, cerca de un centenar de personas participaba de un festejo dentro del local. La orden se ejecutó sin incidentes y bajo control de las autoridades presentes.

El empresario Daniel Bellini, quien encabezó la sociedad que administró el boliche durante años, asistió al lugar y aceptó la medida judicial. Durante una breve rueda de prensa, expresó su desacuerdo con el desenlace del conflicto. “Siempre se alquiló este lugar. Acá lo que pasó es que la señora que era dueña, que estuvo postrada en los últimos años de su vida, le dejó el bien a la persona que la cuidaba. Eso siempre fue una controversia, porque no había herederos directos: no tenía hijos”, sostuvo.

Bellini también cuestionó las intenciones de los actuales propietarios sobre el destino del predio. “Nos reclaman el desalojo porque van a vender la tierra y van a tirar todo abajo, algo que es terrible para mí. Aprovecharon la pandemia, que estuvimos dos años sin trabajar y no pudimos pagar los alquileres en tiempo y forma, para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario”, afirmó.

En ese sentido, el empresario planteó que el conflicto aún no estaba cerrado desde el punto de vista legal. “El contrato cesó en la pandemia. Los propietarios no nos quieren cobrar, por eso no pagamos el alquiler. Yo estoy dispuesto a comprar el inmueble, por el que me llegaron a pedir 10 millones de dólares, algo que no vale. Ahí comenzó el juicio”, concluyó.

El desalojo puso fin a una disputa judicial prolongada y dejó abierto un nuevo escenario sobre el futuro del predio, en medio de versiones sobre posibles desarrollos inmobiliarios en la zona.