La ex presidenta Cristina Kirchner se expresó respecto al fallo favorable para la Argentina de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en la causa por la expropiación de YPF, dejando sin efecto la sentencia que obligaba a pagar más de US$ 16.000 millones a los demandantes, dictada por la jueza Loretta Preska.

A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

En su mensaje, Cristina Kirchner agradeció «como ex Presidenta y como ciudadana» al staff de abogados Sullivan & Cromwell LLP, encargados de la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York.

Burford se hunde e YPF escala más de 7% tras el fallo a favor de la Argentina por el juicio de expropiación

«Como abogada, mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados», señaló la ex mandataria.

Además, reconoció que la posición argentina «siempre fue apoyada por Estados Unidos en las administraciones demócrata y republicana».

«De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho», añadió.

Y finalizó: «También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética».

 

La historia del juicio por YPF

En 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, pertenecientes en su mayoría a la española Repsol.

El argumento de la defensa argentina en aquel momento, liderada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, fue que la ley de expropiación, al ser una norma de orden público, prevalecía sobre los estatutos privados de la empresa.

En consecuencia, los accionistas minoritarios no recibieron oferta alguna por sus papeles.

En 2015, el fondo Burford Capital adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía y Petersen Inversora), que habían quebrado en España tras la nacionalización al no poder afrontar los créditos con los que habían comprado su 25% de YPF.

En 2023, la jueza Loretta Preska resolvió condenar al país a pagar US$ 16.000 millones. Según la magistrada, la Argentina había violado el estatuto de YPF en el proceso de privatización.