Con la intención de retomar la iniciativa política y marcar el ritmo del debate parlamentario, el Gobierno de Javier Milei acelera por estas horas el envío al Congreso de los proyectos de ley anunciados el pasado 1 de mayo durante la Asamblea Legislativa.

Mientras continúa la conformación de las comisiones tanto en Diputados como en el Senado, desde la Casa Rosada ya le comunicaron a las autoridades legislativas —en especial al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem— que este viernes 20 de marzo sería la fecha prevista para el ingreso de las iniciativas al Parlamento.

Aún no está definido si el Ejecutivo optará por remitir los proyectos de manera individual o en bloque, con la estrategia de dominar la agenda legislativa y limitar la capacidad de la oposición para instalar sus propios temas.

El puntapié inicial, según había adelantado el jefe de Gabinete Manuel Adorni —actualmente cuestionado por la relación entre sus gastos e ingresos—, incluirá una propuesta de «modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas» junto con un paquete vinculado a «la propiedad privada». Dentro de este último se contemplan cambios en la ley de expropiaciones, la ley de tierras, la ley de fuegos y un esquema de regularización dominial orientado a la integración socio-urbana.

En paralelo, hay otros proyectos que ya se encuentran a la espera de tratamiento. Entre ellos, la ley de glaciares, que tendrá audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo y ya suma más de 60.000 inscriptos, además de iniciativas para modificar la ley de discapacidad y la de financiamiento universitario, con el objetivo de alinearlas con la meta de equilibrio fiscal.

Estas dos últimas normas fueron aprobadas por el Congreso en 2025 en reiteradas ocasiones —incluyendo su ratificación tras el veto presidencial—, pero aún no han sido implementadas por el Ejecutivo, lo que mantiene abierto un foco de conflicto con distintos sectores.

En relación a la reforma del Código Penal, originalmente prevista para sesiones extraordinarias, se espera ahora su tratamiento durante el período ordinario. Aunque todavía no se difundió el texto completo, trascendió que la propuesta buscaría aumentar penas y sumar nuevas figuras delictivas, entre ellas la posibilidad de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, equiparándolos a los de lesa humanidad.

Por otro lado, el paquete sobre propiedad privada incluiría un endurecimiento de las sanciones por tomas de tierras y modificaciones a la normativa de expropiaciones y de incendios. En este último caso, uno de los puntos más sensibles sería la eliminación de la prohibición de cambiar el uso de terrenos incendiados durante décadas, una medida que originalmente buscaba desalentar incendios intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.

En materia universitaria, el oficialismo apunta a redefinir el esquema de actualización presupuestaria y la negociación salarial docente y no docente. El nuevo proyecto contempla una recomposición del 12,3% en tres tramos —marzo, julio y septiembre—, sin contemplar una actualización automática por inflación, lo que implicaría una pérdida frente a la dinámica de precios.

Además, se establecería que el presupuesto solo se ajuste si la inflación acumulada supera el 14,3%, junto con la creación de un fondo de 80.000 millones de pesos destinado a hospitales escuela.

Respecto a la ley de discapacidad, el Gobierno no brindó mayores precisiones, aunque anticipó que los cambios buscarán adecuarla al objetivo de equilibrio fiscal. Desde los sectores involucrados advierten que esto podría traducirse en nuevos recortes sobre las prestaciones.