Las denuncias contra La Nueva Metropol, empresa de los hermanos Eduardo y Javier Zbikoski, escalaron en el último tiempo, una situación que provocó la salida del secretario nacional de Transporte, Luis Pierrini. El caso apunta a una supuesta manipulación de los registros del sistema SUBE que habría generado un perjuicio multimillonario para el Estado.

La controversia se originó tras la Resolución 45/2024, que modificó el cálculo de los subsidios y puso el foco en la demanda real de pasajeros. Según las cámaras empresarias, la compañía habría registrado viajes cortos como tramos más largos, generando boletos de mayor valor sin que aumentara la distancia recorrida ni la cantidad de pasajeros.

Con la nueva normativa, el foco pasó a estar en la demanda real del servicio: la cantidad de pasajeros transportados, medida a partir de los datos del sistema SUBE y del índice de pasajeros por kilómetro (IPK). El objetivo declarado fue ajustar los subsidios al uso efectivo del transporte y desalentar distorsiones históricas en el sistema.

El análisis de los datos del SUBE mostró un patrón repetido: caídas en las secciones cortas y aumentos equivalentes en las siguientes. En la línea 195, por ejemplo, las validaciones en tramos cortos cayeron un 19%, mientras que la sección posterior creció en la misma proporción. Movimientos similares se detectaron en las líneas 448, 176 y 365, y también en las líneas 136, 163 y 182 de la empresa Sargento Cabral, vinculada al mismo grupo.

El perjuicio estimado rondaría los $1.000 millones mensuales, con un desvío total de entre $2.000 y $3.000 millones por mes. Los fondos provienen de la misma bolsa de compensaciones que se distribuye entre todas las empresas, por lo que la maniobra afectaría al equilibrio general del sistema.

Desde La Nueva Metropol rechazaron las acusaciones y atribuyeron la denuncia a una interna con el Grupo DOTA, que controla cerca del 50% del parque de colectivos del AMBA. La empresa sostiene que los cambios en los registros responden a la corrección de la llamada “evasión gris”, práctica por la cual pasajeros pagan tramos cortos aunque recorran distancias más largas.

En paralelo, la Asociación Arco Social presentó una denuncia penal contra el ex secretario Pierrini y contra el ministro Caputo. La organización señaló que existieron advertencias técnicas en diciembre de 2025 que no fueron atendidas ni auditadas. La crisis abre un nuevo capítulo en la disputa por los subsidios al transporte urbano y expone las tensiones entre los principales grupos empresarios del sector.