El Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 2 de La Plata ordenó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, dar a conocer una causa iniciada por la asociación civil La Ciega. La organización denuncia que la falta de adquisición de misoprostol y mifepristona impide el cumplimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en diciembre de 2020.

Mediante un aviso en el Boletín Oficial, la cartera sanitaria que conduce Mario Lugones notificó esta semana la existencia de una acción judicial colectiva en su contra. Tras la presentación, patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio abrió una convocatoria de 30 días para que personas gestantes y organizaciones se sumen al amparo colectivo “para garantizar el acceso al aborto”. El CELS aclaró que podrán adherir quienes hayan visto afectado su derecho por obstáculos o falta de insumos.

La Ciega había impulsado en 2025 una “acción preventiva de daño”, señalando que el Gobierno libertario no realizó las gestiones necesarias para adquirir y distribuir los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para procedimientos seguros de interrupción del embarazo. Según la denuncia, la falta de provisión vulnera derechos reproductivos y genera un “daño irreparable” para quienes dependen del sistema público. La Cámara Federal de La Plata ratificó la legitimidad de la asociación para representar este reclamo.

El acceso a la medicación varía según las provincias. En algunos distritos, organizaciones feministas advierten que el desabastecimiento constituye una estrategia para anular la ley y empujar a las mujeres a la clandestinidad. También denuncian que la falta de información clara es una constante, lo que profundiza las dificultades para garantizar el derecho a un aborto seguro.