El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue denunciado penalmente por “defraudación contra la administración pública y encubrimiento” en el marco de un presunto esquema de contratación irregular de cursos de inglés para diplomáticos. La presentación fue realizada ante la Justicia Federal por la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio, quien apuntó no solo contra el funcionario sino también contra su esposa, Josefina Rouillet, y otros integrantes del Gobierno.

La denuncia pone el foco en un contrato por más de 114 millones de pesos que la Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina adjudicó de manera directa a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por Rouillet. Según el escrito, no se realizó licitación pública y se investiga si existió tráfico de influencias para beneficiar a la institución.

Además de Sturzenegger y Rouillet, la presentación judicial alcanza al canciller Pablo Quirno, acusado de presunto encubrimiento por “omisión de denuncia”, y a la subsecretaria de Coordinación y Administración, María Cristina Dellepiane, señalada como coautora de la presunta defraudación por haber adjudicado la contratación directa mediante una disposición oficial.

El escándalo se amplificó luego de que trascendiera que, en paralelo, el Ministerio de Desregulación habría destinado 720 millones de pesos al alquiler de cuatro pisos de oficinas en el microcentro porteño y 24 cocheras. La oposición también cuestiona que el contrato con AACI se justificó en la “cercanía” de sus oficinas con la Cancillería y en su trayectoria académica, pese a que en 2025 —según revelaciones periodísticas— solo 10 agentes habrían asistido a los cursos, mientras que para 2026 el esquema prevé 132 cupos.

Desde la Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei respalda “a full” al ministro, a quien suele llamar “el coloso”. En el Gobierno sostienen que el vínculo contractual con la entidad data de 2018 y que Rouillet no es propietaria sino empleada de la institución. Sin embargo, hasta el momento no hubo explicaciones públicas sobre la ausencia de licitación ni sobre el contraste entre estos gastos y el programa oficial de “alquiler cero” promovido por la administración nacional.

La causa ahora quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si existió una maniobra para direccionar fondos públicos y si corresponde avanzar en la investigación por los delitos denunciados.