En medio del debate parlamentario por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el sindicalismo endureció su postura frente a una serie de artículos que considera incompatibles con el esquema de derechos vigente. Gerardo Martínez, titular de la Uocra, advirtió que el proyecto oficial contiene disposiciones que podrían «romper el modelo sindical argentino» y debilitar la representación colectiva de los trabajadores.

En diálogo con el portal Infobae, Martínez fue categórico al enumerar los puntos que los gremios no están dispuestos a resignar. «Hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario”, afirmó, al tiempo que sostuvo que esos ejes funcionan como garantías centrales de estabilidad laboral.

El dirigente diferenció el diálogo institucional de una eventual cesión de derechos. «Con todo el gobierno hablo, el diálogo no está cortado. Para nosotros el diálogo es una herramienta fundamental. Tenés el diálogo o la confrontación”, explicó, aunque aclaró: “Tenemos que insistir en que el que tiene el poder se siente a discutir con nosotros».

Martínez cuestionó la orientación ideológica de la reforma y denunció una estrategia legal diseñada para erosionar la negociación colectiva. «Buscan romper los derechos colectivos, que es la representación sindical. El proyecto tiene artículos pensados inteligentemente por varios estudios de abogados que representan intereses internacionales”, sostuvo, y alertó sobre una “ingeniería legal” que permitiría activar y desactivar normas según conveniencia.

Uno de los ejes más sensibles es la ultraactividad, principio que mantiene vigente un convenio colectivo aun después de su vencimiento. Para los gremios, su eliminación dejaría a los trabajadores sin protección si las paritarias se traban, habilitando retrocesos en derechos adquiridos.

También fue crítico con el aporte solidario. «No puede ser mayor el aporte solidario que la cuota sindical», subrayó, y recordó que en algunas actividades se fijaron porcentajes excesivos. Señaló que, especialmente en contextos de crisis, debe existir un límite claro para garantizar transparencia y evitar abusos.

Lejos de reivindicar privilegios, el sindicalista admitió falencias internas. «No somos dueños de la verdad. También tenemos errores y creo que hay que subsanarlos», reconoció. Sin embargo, remarcó que el debate excede lo técnico: «Defendemos los derechos colectivos y los individuales. Muchos de los artículos del proyecto rozan con valores constitucionales”.

Sobre la estrategia política, confirmó contactos permanentes con funcionarios, gobernadores y senadores. «Recorremos todos los pasillos para mostrar con argumentos sólidos por qué esta ley no beneficia ni al trabajador ni a la Argentina», afirmó, y destacó que el diálogo más fluido hoy se da con Patricia Bullrich, quien será miembro informante en el Senado.

Al cierre, Martínez puso en duda la eficacia de la reforma y apuntó al trasfondo económico. «No sirve. Va a ser una ley más, de las tantas que no generan un impacto positivo. El problema de fondo es el modelo económico. Se perdieron 300 mil puestos de trabajo formales y eso lo dice la realidad», concluyó, anticipando que el sindicalismo continuará dando pelea en defensa de los derechos laborales.