La intervención del Partido Justicialista de Misiones ingresó en su etapa final con la convocatoria a elecciones internas para el 19 de abril de 2026 y la definición de un cronograma que, si no surgieron impugnaciones judiciales, permita encaminar el cierre del proceso de normalización. La conducción interventora está a cargo de Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, designados por el Partido Justicialista Nacional.

En una conferencia de prensa realizada el 27 de enero, ambos interventores explicaron los fundamentos políticos e institucionales de la decisión y ratificaron que la intervención respondió al mandato del Congreso Nacional del PJ y de su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Señalaron que cada medida se inscribió en la defensa de la democracia plena y denunciaron un contexto de persecución judicial y mediática que afectó el derecho a elegir representantes.

Arrieta y Rodríguez afirmaron que el PJ misionero atravesó durante dos décadas un proceso de degradación institucional, fragmentación política y pérdida de democracia interna. Según explicaron, esa situación relegó al partido a un rol subordinado y limitó la participación de afiliados y afiliadas. Frente a ese escenario, definieron como objetivo central “devolver institucionalidad” y reconstruir una conducción legítima surgida del voto partidario.

El cronograma oficial comenzó con la publicación de los padrones en la primera quincena de febrero, que incluyeron registros históricos y nuevas afiliaciones convalidadas por la Justicia Federal. Entre el 10 y el 15 de febrero se previó la resolución de designación de la Junta Electoral, integrada por cinco miembros, encargada de dictar el Reglamento Electoral y habilitar los formularios para la inscripción de agrupaciones, también en formato digital.

El 19 de marzo se fijó como fecha límite para la presentación de listas, aceptación de cargos y avales. Los comicios internos se realizarán el 19 de abril en los 79 municipios de la provincia. Hasta cinco días después se completó el escrutinio definitivo y la proclamación de autoridades, con posterior comunicación al Consejo Nacional del PJ y a la Justicia Federal.

La intervención presentó el cumplimiento de estos hitos como una garantía de transparencia y participación, con internas en todos los distritos y reglas comunes. Bajo ese esquema, Arrieta y Rodríguez plantearon una reorganización partidaria “de abajo hacia arriba”, con el objetivo de dejar atrás la lógica de partido “sello” y recuperar centralidad política.

El tramo final del proceso también incluyó el ordenamiento del padrón, la regularización de afiliaciones y el resguardo del patrimonio partidario. Durante la intervención se adoptaron medidas disciplinarias preventivas y se tramitaron actuaciones internas que derivaron en controversias y presentaciones judiciales, un factor que la conducción identificó como posible condicionante del calendario.

La conducción interventora sostuvo que el eje del proceso fue político y doctrinario. El cierre de la intervención quedó atado a la entrega del partido a autoridades electas por el voto de los afiliados, con la expectativa de restituir la legitimidad interna y el rol protagónico del peronismo misionero en la vida política de la provincia.