En medio del derrumbe industrial, la UIA registra sus propios informes que reflejan el estado de situación del sector productivo.
La Unión Industrial Argentina (UIA) atraviesa un particular periodo de debate interno respecto a su posicionamiento frente a la gestión económica nacional. El actual titular de la entidad, Martín Rappallini, mantiene una postura de diálogo y acompañamiento de las reformas impulsadas por Milei, sin embargo, su opinión genera divergencias con cámaras regionales y sectores sensibles que alertan sobre el estado crítico de la producción local.
Uno de los pronunciamientos más determinantes surgió de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF). A través de un documento firmado por su presidente, Cristian Fiereder, la entidad provincial manifestó su «profunda preocupación» por un rumbo que, según alegan, «privilegia el rendimiento financiero» en detrimento de la actividad fabril. Desde la UISF advirtieron que un modelo basado exclusivamente en sectores extractivos o financieros compromete la sustentabilidad de la clase media y el futuro del empleo formal, especialmente en las provincias del centro del país.
A la inquietud regional se sumó la voz de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). Su presidente, Elio del Ré, señaló que el sector metalúrgico ha registrado un incremento del 70% en las importaciones, mientras que la demanda interna continúa en descenso. Del Ré criticó la ausencia de políticas industriales que defiendan al productor nacional ante la competencia externa, una tendencia que ha resultado en la pérdida de aproximadamente 17.000 puestos de trabajo en su rubro durante el último año.
En declaraciones públicas, el titular de Adimra también marcó distancias con la conducción nacional de la UIA respecto a la reforma laboral y las negociaciones colectivas. Si bien reconoció la necesidad de modernizar las normas, sostuvo que ninguna reforma será efectiva si no se reactiva el consumo. Además, expresó su desacuerdo con la propuesta de negociaciones paritarias por empresa, una medida que Rappallini apoya en el marco del Consejo de Mayo, pero que para las pymes metalúrgicas representaría una complicación administrativa y operativa adicional.
La crítica principal de los industriales hacia la gestión de Rappallini es la falta de una «agenda micro». A pesar de que el titular de la UIA insistió en que «producir en Argentina es un 30% más caro que en Brasil», algunos sectores le reclaman que el Gobierno avanzó en la quita de protección arancelaria sin haber resuelto previamente las «mochilas» impositivas y laborales que restan competitividad.
El enojo con Rappallini también activó, de manera prematura, una danza de nombres de posibles sucesores, pese a que su mandato vence recién en abril de 2027. En ese listado informal aparecen Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Peugeot Citroën Argentina (PSA) y de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA); el propio Del Ré, de Adimra; y David Uriburu, director de Ternium Argentina, empresa del grupo Techint que lidera Paolo Rocca.
El caso Rocca expuso con crudeza las tensiones. Rappallini y la UIA quedaron descolocados tras el destrato público de Milei al líder del grupo Techint, a quien calificó como “don Chatarrín, el de los tubitos caros”.
En medio del derrumbe industrial, que la UIA registra en sus propios informes, Rappallini intenta un equilibrio político. Apostó por la reforma laboral y desde allí acompaña al gobierno, por caso, festejó el acuerdo Estados Unidos, del que todavía no se conoce oficialmente el contenido.
Sus últimas declaraciones fueron que: «en 2024 y 2025 la actividad en muchos sectores cayó. La pérdida de empleo es una de las señales más sensibles del momento actual. Revertirla es una prioridad económica y social. La economía necesita volver a crecer con mayor homogeneidad, reactivar la producción en más sectores y recuperar inversión. Además la UIA denuncia «el contrabando, la subfacturación, el dumping de China».
