El debate por el DNU que reformó la Ley de Inteligencia Nacional empezó a escalar incluso entre los aliados del Gobierno. Desde el PRO, el senador Martín Goerling planteó reparos sobre la norma que amplió las atribuciones de la SIDE y reclamó conocer en detalle cómo será su implementación antes de fijar una posición definitiva. “Estamos esperando que nos muestren los protocolos de esa norma, porque de eso dependen varios aspectos. Por ejemplo, el tema de las detenciones, que es lo que más ruido genera”, afirmó el legislador.

Goerling quedó al frente de la comisión bicameral de Inteligencia tras la finalización de los mandatos de quienes lo antecedían en la línea de conducción. Su postura se suma a la resistencia abierta de distintos bloques opositores, que buscan colocar el tratamiento del decreto como uno de los temas centrales cuando se retomen las sesiones extraordinarias. En ese contexto, Unión por la Patria mantuvo durante la última semana una serie de encuentros con sectores críticos del DNU, que coincidieron en que no existió una “necesidad y urgencia” que justificara su dictado.

Hasta el recambio legislativo, la comisión bicameral de Inteligencia estaba presidida por Martín Lousteau, con Leopoldo Moreau como vicepresidente y Oscar Parrilli como uno de sus secretarios. Con el pase de Lousteau a la Cámara de Diputados y la salida del Congreso de Moreau y Parrilli, la comisión quedó reducida a apenas cuatro integrantes, con Goerling a cargo de manera transitoria, a la espera de la designación de nuevas autoridades. Tras la publicación del DNU 941/2025, los bloques opositores reclamaron recomponer de inmediato esa bicameral y también la comisión de Trámite Legislativo, ambas con competencia directa sobre el análisis del decreto. Desde el oficialismo, sin embargo, dejaron trascender que el tema recién sería abordado en marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias.

En declaraciones radiales, Goerling recordó que se trata de una comisión permanente, que debería estar activa incluso durante el receso parlamentario. «Es un decreto que se dictó durante el receso y no pudimos convocar a las autoridades de la SIDE para discutirlo, pese a la tremenda importancia que tiene», sostuvo. En la misma línea, agregó que «necesitamos reunirnos con la SIDE y que nos expliquen bien cómo es esta norma y cómo la van a aplicar», y remarcó que el acompañamiento del PRO no estará garantizado mientras persistan esas dudas.

Las objeciones del PRO se suman al rechazo explícito de otras fuerzas. Con la reanudación de la actividad legislativa, Unión por la Patria impulsó reuniones con organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas el CELS y Amnistía Internacional, que presentaron amparos judiciales para frenar la vigencia del DNU. El juez interviniente, sin embargo, consideró que no había urgencia suficiente para habilitar la feria judicial, por lo que la discusión volvió a trasladarse al Congreso. «No hay necesidad y urgencia. Estos temas deben tratarse a partir de proyectos debatidos en profundidad», sostuvo el jefe del bloque de UP, Germán Martínez.

El cuestionamiento también alcanzó al interbloque Unidos. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto para derogar el decreto 941 y promover su debate en una sesión especial en febrero, mientras avanzaba en la búsqueda del quórum necesario. De acuerdo con esas proyecciones, sumando a Unión por la Patria, Unidos, la izquierda y algunos legisladores individuales, ya se reunirían 122 votos, a siete del número requerido para habilitar la sesión en la Cámara baja. En la Casa Rosada confiaban en contener el avance en el Senado, pero el panorama se volvió más incierto luego de que incluso referentes del PRO comenzaran a poner en cuestión la legalidad del decreto.