La disputa por los recursos energéticos de Venezuela elevó la tensión internacional. Estados Unidos ejecutó una operación militar en el Atlántico Norte y el Caribe y tomó control de buques petroleros acusados de violar sanciones, entre ellos el Bella 1, de bandera rusa. La decisión abrió un nuevo frente de conflicto con Moscú y sumó presión sobre Pekín.

Donald Trump anunció que entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano llegarán a territorio estadounidense. Según explicó, Washington administrará los ingresos con el argumento de destinarlos “para supuestamente beneficiar al pueblo venezolano”. La Casa Blanca presentó la medida como parte de una estrategia para condicionar el futuro político del país caribeño.

En ese marco, el secretario de Estado Marco Rubio expuso un programa de tres etapas para Venezuela, definido como “estabilización, recuperación y transición”. El esquema puso el eje en el control directo de la industria petrolera y el endurecimiento de las sanciones económicas, con el objetivo de forzar cambios en la conducción del país.

Desde Caracas, la respuesta fue inmediata. La presidenta encargada Delcy Rodríguez cuestionó la incautación de los cargamentos y exigió que el petróleo retenido forme parte de cualquier negociación con Estados Unidos sobre la venta de crudo. El gobierno venezolano denunció una apropiación ilegítima de recursos estratégicos.

La ofensiva estadounidense también tuvo impacto regional. Trump mantuvo un contacto directo con el presidente colombiano Gustavo Petro y lo invitó a una reunión en la Casa Blanca. El gesto buscó ordenar apoyos en América Latina en medio de un escenario cada vez más inestable.

El conflicto con China sumó otro capítulo. Un informe del Financial Times reveló que hackers chinos accedieron a correos electrónicos utilizados por asesores de comités clave de la Cámara de Representantes. El grupo señalado fue Salt Typhoon, vinculado a operaciones de espionaje contra objetivos políticos y de seguridad.

Según el reporte, los atacantes ingresaron a sistemas usados por personal de las comisiones sobre China, Asuntos Exteriores, Inteligencia y Fuerzas Armadas. Las intrusiones se detectaron en diciembre y las autoridades aún evaluaron si también alcanzaron a legisladores electos.

La reacción oficial de Pekín rechazó las acusaciones. El portavoz de la embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu, denunció “especulaciones y acusaciones infundadas”. En Washington, ni el FBI ni la Casa Blanca emitieron comentarios públicos.

Estados Unidos recordó antecedentes recientes. En noviembre pasado, el Sargento de Armas del Senado alertó sobre un “incidente cibernético” que afectó comunicaciones oficiales. Además, investigaciones previas ya vincularon a Salt Typhoon con tareas de espionaje contra funcionarios estadounidenses.

El avance de Washington sobre el petróleo venezolano y las denuncias de ciberespionaje consolidaron un escenario de confrontación directa con Rusia y China, con consecuencias que superaron el plano energético y reforzaron la disputa geopolítica global.