La difusión pública de la problemática desató una serie de consultas dentro de distintas áreas del Gobierno y también conversaciones con representantes del sector privado. Finalmente, esta semana se tomó la medida que restringe una operatoria que estuvo prohibida entre 1999 y 2022.

Los riesgos sanitarios

Según consta en el comunicado oficial, el requerimiento para endurecer los controles partió de la Subsecretaría de Comercio Exterior, pero anteriormente hubo una advertencia del Ministerio de Salud. “La importación de ropa usada puede conllevar riesgos para la salud pública”, dice el documento al que accedió ese medio. En ese sentido, la evaluación indicó que “los efectos son especialmente graves en poblaciones vulnerables, como bebés, niños, ancianos y personas inmunocomprometidas”.

El nuevo formulario para importación de ropa usada se sumará al certificado de desinfección que se requiere actualmente. Como contó ese medio, la mercadería que llega a Argentina proviene mayormente de Estados Unidos por la prohibición de incinerarla, ante regulaciones ambientales y costos crecientes de destrucción.

Luego, los distribuidores la reúnen en fardos de entre 25 y 50 kilos que se pueden agrupar por tipo de prenda o incluso por marcas y la comercializan a través de las redes sociales. Los industriales venían advirtiendo por los riesgos sanitarios pero también por potenciales estragos ambientales como el que ocurre en el desierto de Atacama en Chile, donde se descarta alrededor del 40% de la mercadería que llega por no estar en condiciones para ser comercializada.

Sector en crisis

El ingreso de este tipo de mercadería se montó sobre una profunda crisis sectorial para los industriales locales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en octubre pasado las fábricas del sector utilizaron apenas el 33% de su capacidad instalada. De esta manera, tuvieron el desempeño más bajo de toda la industria en ese indicador.

Las empresas del sector hablan de una “Doble Nelson” que se produjo por la caída del mercado interno y una apertura comercial que se dio de forma acelerada ante condiciones adversas para competir: alta carga impositiva, régimen laboral desfavorable, falta de infraestructura, suba de costos y tipo de cambio apreciado.

El último informe de la Fundación Protejer marca que en términos porcentuales el sector lideró la destrucción de empleo privado registrado, junto con la construcción. Desde noviembre de 2023 mostró un retroceso del 12% y se perdieron 14 mil puestos de trabajo en el sector textil, confecciones, cuero y calzado.