El gobierno de Javier Milei oficializó la creación de una nueva Comisión Nacional de Bioética en el ámbito del Ministerio de Salud, una medida que generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones feministas, de derechos humanos y del colectivo LGBTIQ+, que advierten sobre un posible avance en el control ideológico de prácticas médicas vinculadas a mujeres y personas trans.

La decisión fue establecida mediante decreto y contempla la disolución de la histórica Comisión Nacional de Ética Biomédica, que funcionaba desde fines de la década del ’90. En su reemplazo, el Ejecutivo creó un nuevo organismo que tendrá como función asesorar al Estado en cuestiones bioéticas, emitir recomendaciones y coordinar comités de ética en investigación.

Según el texto oficial, la comisión estará presidida por el ministro de Salud y conformada por expertos designados por el Poder Ejecutivo, que trabajarán ad honorem. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es “ordenar” criterios éticos frente a los avances científicos y tecnológicos en el sistema sanitario.

Sin embargo, la medida encendió señales de alarma en distintos sectores. Referentes sociales y especialistas advierten que la creación de esta comisión no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de decisiones que el oficialismo viene impulsando desde el inicio de la gestión y que impactan de lleno en los derechos sexuales, reproductivos y de identidad de género.

Entre los antecedentes recientes se destacan las restricciones a los tratamientos de afirmación de género, especialmente en menores, y el recorte de políticas públicas vinculadas a la salud sexual y reproductiva. En ese marco, la instalación de un organismo con capacidad de fijar lineamientos éticos es leída como un mecanismo de control que podría condicionar prácticas médicas ya garantizadas por ley.

Organizaciones feministas y del colectivo trans alertaron que el concepto de “control ético” puede transformarse en una herramienta para limitar el acceso a derechos, en un contexto donde el propio presidente ha cuestionado abiertamente leyes como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ha desmantelado áreas estatales dedicadas a políticas de género.

Desde esos espacios también remarcan la concentración de poder en el Ministerio de Salud y la falta de participación plural en la conformación de la nueva comisión, lo que, aseguran, abre la puerta a decisiones alineadas con la visión ideológica del Gobierno.

Mientras el Ejecutivo defiende la medida como un paso técnico y administrativo, el debate ya está instalado. Para sus críticos, la creación de la Comisión Nacional de Bioética representa un nuevo capítulo en el avance del gobierno de Milei sobre derechos conquistados, especialmente los de mujeres y personas trans, y anticipa un escenario de mayor conflictividad en el sistema de salud pública.