El Gobierno nacional anunció luego de su triunfo electoral del 26 de octubre que impulsará en la segunda mitad del mandato las reformas laborales, tributarias y del código penal. En este contexto, uno de los temas que más tensiones genera tiene que ver con la legislación sobre los trabajadores y asimismo, la CGT (quien tiene nueva conducción) se mostró abierta a recibir a los representantes del Ejecutivo.

Desde que comenzó el mandato de Javier Milei en 2023, la reforma laboral ha sido uno de los nortes de la política libertaria, incluso uno de sus primeros actos al frente de la presidencia fue la firma del Decreto 70/30, una suerte de reforma constitucional que incluía un artículo que modificaba la legislación laboral, el mismo fue judicializado y frenado por la conducción de la central obrera.

En este contexto y con aquel antecedente, Diego Santilli, nuevo ministro del Interior, será el encargado de reunirse con el nuevo triunviro cegetista conformado por Jorge Solá, Christian Jerónimo y Octavio Arguello. Según trascendió, desde ambos sectores están abiertos al diálogo y se espera una reunión para avanzar sobre este tema.

“Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”, advirtió Sola en una de sus últimas declaraciones e incluso consideró que la modificación de las relaciones laborales “no necesariamente genera trabajo genuino”, y remarcó que la prioridad debe ser una reforma impositiva que permita “que la inversión sea productiva y no financiera”.

Argüello, miembro del gremio de camioneros, advirtió que “sacándole derechos a los trabajadores no se soluciona el desempleo” y la emprendió contra la falacia de la antigüedad de los convenios. De todas formas reconoció que es posible hablar con el gobierno: “No es un pecado dialogar, el pecado es entregar derechos”, afirmó.

En este contexto, existen varios puntos de tensión entre las propuestas libertarias y aquellas sobre las que pretende discutir el triunviro de la CGT. Uno de los puntos tiene que ver con la reglamentación del derecho a huelga, sobre todo en los denominados servicios esenciales. 

La central obrera también le dirá que no a que se limite la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y, sobre todo, que los convenios por empresas se impongan por sobre los convenios de la actividad en general.

Otro punto de tensión es el rechazo a las cuotas sindicales solidarias, que el gobierno usa mediáticamente con falacias para golpear a los gremios. Las cuotas solidarias no son imposiciones de los gremios sino frutos de las negociaciones con la parte patronal. Por lo tanto el porcentaje que hoy se destina a ese ítem es acordado entre las partes.

El gobierno también pretende regular las asambleas porque, dicen, en algunas oportunidades terminan siendo paros disimulados.