El último domingo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa recibió un duro golpe político tras el contundente rechazo popular a las reformas impulsadas por el oficialismo. A través de un referéndum, casi 11 millones de ecuatorianos votaron sobre una eventual reforma constitucional. La misma fue rechazada por el 61,49%.

A pesar de haber sido reelegido como presidente en abril hasta 2029, Daniel Noboa no logró avanzar sobre la reforma constitucional del 2008 que había impulsado el exmandatario Rafael Correa. Con la misma se buscaba modificar principalmente las bases del sistema político por las propuestas que reducían el numero de representantes en el Congreso y por los cambios en el régimen de financiamiento a partidos.

Además, el censo popular buscaba habilitar nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

Con cerca de 13 millones de ecuatorianos habilitados y con un 80% de los votos escrutados, el referéndum fue rechazado por el  61,49% frente al 38,51% que la respaldó. Mientras se desarrollaba el escrutinio, el presidente Noboa siguió los resultados en su residencia de playa en la comuna de Olón. 

La iniciativa tenía cuatro ejes principales: la instalación de bases militares extranjeras, una convocatoria a una Asamblea Constituyente, la reducción del número de asambleístas y la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos.

Respecto de la instalación de bases extranjeras, la propuesta buscaba levantar el veto constitucional que impide la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio ecuatoriano. El objetivo es permitir el ingreso de tropas, especialmente estadounidenses, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

También se rechazó la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que tenía como objetivo iniciar un proceso para redactar una nueva Constitución. Y la reducción del número de asambleístas que buscaba pasar de una Asamblea Nacional de 151 a 73 miembros

Por último, la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, una iniciativa que obligaba a los espacios partidarios a sostenerse únicamente con aportes privados.