El Gobierno nacional promulgó este martes la ley que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente (Ley N° 27.795), y la ley que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y de residencias médicas por un año (Ley N° 27.796).

Sin embargo, la implementación de ambas normativas quedó postergada hasta que el Congreso asigne las partidas específicas en el Presupuesto Nacional, tal como ocurrió hace un mes con la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión se oficializó en la madrugada mediante la publicación de los decretos en el Boletín Oficial.

La Ley de Financiamiento Universitario busca garantizar la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, ajustados bimestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Entre mayo y diciembre de 2024, la variación del IPC fue del 34,89 %, lo que representa un gasto adicional estimado en $123.358.213.085. Para 2025, el costo de la ley se proyecta en $1.069.644.600.000 y para 2026 en $2.008.377.852.000.

En materia salarial, la norma establece que los sueldos del personal docente y no docente se incrementen al menos en el porcentaje equivalente al IPC entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. El Gobierno explicó que, durante ese período, los salarios subieron un 128,49 % frente a una inflación acumulada del 220,45 %, por lo que se requeriría un aumento adicional del 40,25 % sobre los básicos de julio de 2025 para equiparar con la inflación.

Además, todas las sumas no remunerativas y no bonificables pasarán a integrar los salarios básicos, lo que generará un incremento del 37,55 % para ciertos trabajadores no docentes, con un costo proyectado de $178.984.054.000 en 2025 y $490.459.716.000 en 2026.

La ley también contempla la actualización automática de los programas de becas estudiantiles, que se ajustarán según la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción. El crédito vigente para la promoción de carreras estratégicas en 2025 asciende a $33.041.929.460, y la actualización de partidas implicaría $72.840.933.495 para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y $76.614.000.000 para el Programa de Becas Progresar.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema, pretende garantizar la atención efectiva y de calidad en salud infantil, asegurar el funcionamiento de hospitales públicos y fortalecer los sistemas de residencias médicas.

Entre sus medidas, incluye asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como recomposición salarial inmediata del personal de salud que atiende a población pediátrica y exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen guardias y horas extras. El costo estimado asciende a $196.270.000.000, cifra que supera la capacidad presupuestaria del Ministerio de Salud, con un déficit de $102.400.000.000.

El Ejecutivo remarcó que ejecutar estas leyes sin definir la fuente de financiamiento equivaldría a reasignar el 30 % de los subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria y el 60 % del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida. En ambos decretos, el Gobierno subraya que el Congreso no detalló de manera fehaciente cómo se financiarán estas leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley N° 24.156, lo que deja la implementación suspendida hasta la inclusión de las partidas correspondientes en el Presupuesto.