El viernes por la noche, en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, el oficialismo libertario abrió una mesa de coordinación judicial con un objetivo inmediato: revertir la conversación pública en la semana previa a la elección bonaerense. La aparición de audios atribuidos a la voz de Karina Milei, difundidos por el canal de streaming Carnaval, funcionó como punto de partida para relanzar el relato oficial.

La preocupación en el Gobierno venía desde antes. Los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo habían instalado la sospecha de coimas en el área de Discapacidad y golpearon la imagen presidencial. Frente a ese escenario, el Ejecutivo decidió correrse del lugar del acusado y presentarse como víctima de un supuesto espionaje ilegal.

En la mesa participaron Santiago Caputo, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, el vocero Manuel Adorni y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola. El plan tuvo dos ejes: una denuncia penal por “operaciones de inteligencia no institucionales” y un operativo legal para blindar a Karina Milei.

Viola presentó esa misma noche, cerca de las 22, un escrito en el fuero Civil y Comercial Federal. Solicitó una medida cautelar para impedir que se publiquen “cualquier chat, audio, foto o video” vinculados a Karina Milei, y también que los medios se abstengan de mencionarla en relación con esas grabaciones. El texto firmado por la secretaria general de la Presidencia argumentó que los audios atentaban contra su “honor”, podían dañar a su “familia” y ponían en riesgo la “seguridad nacional”, ya que habrían sido registrados en un despacho de la Casa Rosada.

El juez Alejandro Patricio Maraniello concedió de forma parcial la cautelar. Ordenó que cese la difusión “únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno, anunciados el día 29/08/2025” y atribuidos a Karina Milei. No incluyó otras grabaciones posteriores, como el material publicado por el canal uruguayo Dopamina, que reveló un diálogo en la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, en Comodoro Py, el Gobierno presentó otra denuncia de mayor alcance. El abogado Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad, reclamó allanamientos en oficinas y estudios de Carnaval Stream. Sostuvo que existió “una operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”. El expediente recayó en el juez Julián Ercolini y en el fiscal Carlos Stornelli.

El escrito responsabilizó a sectores de la “oposición kirchnerista” y señaló a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, además del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y el abogado Franco Bindi. Para el Ejecutivo, los audios forman parte de “una trama más amplia” destinada a desestabilizar al Gobierno y golpear a Karina Milei.

La ofensiva despertó críticas. Dirigentes opositores y especialistas en derecho constitucional advirtieron que las medidas constituyen un intento de censura previa. El diputado Maximiliano Ferraro sostuvo: “Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno. Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas?”.

Stornelli ya impulsó la denuncia oficial, aunque aclaró que no avalará allanamientos en medios ni violaciones al secreto de las fuentes. Sin embargo, en la Casa Rosada confirmaron que la estrategia no se modificará. Tras la aparición de un nuevo audio en Uruguay, Patricia Bullrich lanzó otra advertencia: “El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado. Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás”.