El Gobierno enfrentó un nuevo frente de conflicto tras la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La difusión de audios que lo comprometían en supuestos pedidos de coimas derivó en su desplazamiento y en la decisión de intervenir el organismo. La conducción quedó en manos de Alejandro Vilches, un dirigente cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, que ordenó una auditoría interna.

El primer resultado de esa revisión encendió alarmas. Un medicamento para leucemia linfoblástica aguda registró sobreprecios del 27% en las compras de la ANDIS respecto de las realizadas por el Ministerio de Salud. La diferencia se detectó en el caso de la droga PEG Asparaginasa, adquirida a la droguería Suizo Argentina.

Según el análisis oficial, el programa Incluir Salud, dependiente de la Agencia, pagó en agosto de 2025 un total de $13.500.176 por ese fármaco. El Ministerio, en cambio, había desembolsado $8.274.027 un año antes por la misma droga. “Si se le resta la inflación acumulada julio 2024 – julio 2025, Incluir compra esta medicación un 27% más cara”, explicaron fuentes de la cartera sanitaria.

La auditoría abarcó siete medicamentos de alto costo. Sin embargo, las autoridades evitaron dar precisiones sobre los seis restantes. Solo aclararon que se trata de productos destinados a enfermedades complejas y con precios imposibles de cubrir para un hogar.

El apuro en la difusión de los datos alimentó sospechas sobre un movimiento político del Ejecutivo para marcar distancia con la gestión de Spagnuolo. La investigación judicial sobre las coimas apuntaría a un esquema de recaudación con participación de laboratorios que proveían fármacos a la Agencia.

En paralelo, el presidente Javier Milei habló por primera vez del escándalo. Se refirió a su ex amigo y ex funcionario con dureza: “Va a llevar la Justicia” porque, según afirmó, sus declaraciones “eran mentira”.

Tras la crisis, el Gobierno avanzó con medidas para restringir la autonomía de la ANDIS. El organismo dejará de ser descentralizado y pasará a depender directamente del Ministerio de Salud. Con esa decisión, Lugones concentrará mayor poder en la gestión del área de discapacidad y reforzará los controles sobre las compras.

El ministro, que llegó al cargo impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, evitó pronunciarse públicamente sobre los presuntos pagos ilegales. Tampoco concurrió a la comisión de Diputados donde debía responder sobre la emergencia sanitaria y el rol de la Agencia. Vilches, interventor de la ANDIS, también faltó a esa citación, convocada por los legisladores Pablo Yedlin y Daniel Arroyo.

La combinación de sobreprecios detectados, acusaciones cruzadas y ausencias oficiales en el Congreso profundizó el escándalo. El Gobierno busca mostrar iniciativa con auditorías y reestructuración, pero aún no despejó las sospechas sobre cómo funcionaba la compra de medicamentos en la Agencia de Discapacidad.