La incertidumbre se apoderó del Gobierno nacional tras los audios que involucraron a Diego Spagnuolo en supuestos actos de corrupción. El temor ahora se concentra en dos frentes: su eventual decisión de declarar como arrepentido en la Justicia y la posible aparición de nuevo material sensible.

“Tengo todos los chats de Karina”, se lo escucha decir en una de las grabaciones ya conocidas. La frase, de origen incierto, golpeó en lo más alto del círculo presidencial. La inquietud aumentó cuando fuentes judiciales deslizaron que Spagnuolo podría acogerse a la figura del arrepentido, lo que lo obligaría a presentar pruebas verificables contra otros funcionarios o empresarios.

Uno de los investigadores fue contundente: “Si Spagnuolo quisiera declarar como arrepentido, que lo haga. Ayudaría a develar los posibles delitos y sus autores más rápido de lo que finalmente hagamos nosotros”. Esa declaración reflejó la expectativa en los tribunales, donde se analizan los celulares incautados al exfuncionario en un allanamiento en Pilar. Los dispositivos ya se encuentran bajo peritaje y podrían contener más grabaciones y chats comprometedores.

En la Casa Rosada, el clima es de fragilidad. La posibilidad de que medios o usuarios en redes sociales difundan nuevo material mantiene en vilo al oficialismo. La pregunta que circula entre funcionarios es directa: ¿aparecerán videos con denuncias aún más graves que las ya difundidas?

Las versiones más firmes aseguran que existen más audios y también videos relacionados con la gestión de Spagnuolo. En uno de ellos, difundido en los últimos días, se lo escucha confrontar a un funcionario enviado por orden del ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger. “¿Vos me venís a ayudar o controlar? No es lo mismo”, le reprochó en tono áspero. En ese mismo diálogo, acusó al ministro de apropiarse de resoluciones que él había diseñado en la ANDIS.

Los dichos de Spagnuolo no solo apuntan a supuestos negocios ilegales. También afectan la interna libertaria y salpican iniciativas centrales del oficialismo como la llamada “motosierra”. El caso amenaza con expandirse hacia otros frentes. El propio juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán investigan a “Lule” Menem por su presunto interés en la intervención de la obra social OSPRERA. Un mensaje detectado en la causa lo compromete de lleno: “Esta intervención solo le interesa a Lule Menem”, sostuvo un testimonio hallado en un teléfono incautado.

La situación se agravó además con los allanamientos a los empresarios Emanuel y Jonathan Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, señalada por Spagnuolo en su entramado de contratos irregulares. Emanuel fue detenido en Nordelta con sobres que contenían más de 250 mil dólares. Su hermano Jonathan escapó y se terminó presentando ante la Justicia este lunes.

Mientras tanto, el Gobierno buscó resguardar su imagen con el decreto 599/2025, que formalizó la salida de Spagnuolo y del exdirector Daniel Garbellini. El texto apeló a la Ley de Ética Pública y al compromiso de prevenir “conductas contrarias a la integridad”. Sin embargo, la medida no despejó las sospechas.

La trama judicial recién empieza y promete más capítulos. La pregunta que retumba en Balcarce 50 refleja la magnitud de la crisis: ¿qué más sabe Spagnuolo y hasta dónde está dispuesto a hablar?