El Ministerio de Economía dispuso el inicio formal del proceso de privatización de INTERCARGO S.A.U., la empresa estatal que se encarga del servicio de rampas y traslados de equipajes en los principales aeropuertos del país.

La medida fue confirmada esta madrugada mediante la Resolución 1067/2025, publicada en el Boletín Oficial. De este modo, el Gobierno dispuso la venta del 100% del paquete accionario a través de la licitación pública de alcance nacional e internacional.

En la disposición, que forma parte de lo previsto en el Decreto 198/2025 y en la ley 27.742, que había declarado la empresa como “sujeta a privatización”, se instruye a la Secretaría de Transporte, en cuya órbita se encuentra Intercargo, a iniciar las acciones necesarias para concretar la venta y actualizar el inventario de bienes de la empresa.

Según señala la normativa, para avanzar con el proceso de licitación, el Gobierno también dispuso rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión actualmente vigente entre la empresa y el Estado, que es su único accionista. La rescisión debe producirse antes de llevar a cabo la transferencia accionaria al futuro comprador.

La propuesta de privatización no contempla mecanismos de participación preferencial ni planes de propiedad participada. El paquete accionario completo se venderá en una única operación, sin divisiones parciales ni ofertas reservadas para trabajadores, según detalla la medida de la Secretaría de Transporte y elevada al Poder Ejecutivo con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas

La encargada de coordinar las acciones del proceso será la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas». Además, se especifica que contará con un plazo de ocho meses para completar la privatización. En esa línea, se destacó que deberá solicitar a una entidad bancaria del sector público nacional la valuación oficial de la totalidad del paquete accionario, ya que el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que no podrá realizar esa tarea en un plazo razonable.

Por su parte, la Subsecretaría de Transporte Aéreo supervisará la transición hacia el nuevo operador, que ese proceso no afecte la prestación del servicio de rampa ni comprometa la conectividad aérea nacional e internacional. En ese sentido, cabe recalcar que uno de los objetivos principales de la medida de la privatización debía garantizarse la continuidad del servicio sin interrupciones, como se de El decreto 198/2025.

El procedimiento de privatización se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, según se anunció por el decreto 416/2025. Asimismo, se asignó a los organismos involucrados la responsabilidad de garantizar el orden de este proceso.