El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Jorge Macri, tomó la decisión de interrumpir el financiamiento del transporte utilizado por las cooperativas de cartoneros, muchos de ellos ligados a las organizaciones sociales referenciadas en Juan Grabois. Esta medida afecta directamente a miles de trabajadores del reciclado que dependían del apoyo estatal para trasladarse desde sus barrios hacia los centros urbanos donde realizan su labor.

Desde las cooperativas afectadas advierten que esta resolución “entorpece el trabajo diario de quienes cumplen una función social y ambiental esencial, muchas veces invisibilizada”. Los recicladores urbanos cumplen un rol clave en la recolección diferenciada de residuos, en particular en zonas donde el sistema formal no llega con eficacia.

Voceros del espacio de Grabois señalaron que la medida “no es solo administrativa, sino política”, y denuncian un intento de deslegitimar el trabajo de los cartoneros en el marco de un ajuste más amplio. Algunas agrupaciones evalúan acciones legales y manifestaciones públicas para revertir la decisión.

Hasta ahora, el gobierno porteño financiaba el traslado de trabajadores de la economía popular desde el Conurbano hacia los puntos de trabajo dentro de la Capital, en un esquema acordado con las cooperativas. Con esta quita, se abre una discusión sobre el reconocimiento de estos sectores, su vinculación con la gestión pública y el modelo de ciudad que propone la actual administración.