Legisladores y referentes del peronismo presentaron una serie de denuncias por intimidación pública, asociación ilícita y malversación de fondos. Apuntan a Daniel Parisini, alias «El Gordo Dan», y a la red de trolls oficialistas. Una de las presentaciones recayó en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado para probar su criterio tras la detención de la concejal que escrachó a Espert.
En una ofensiva judicial coordinada, el entramado digital que respalda al gobierno de Javier Milei recibió cuatro denuncias penales en apenas una semana. En el centro de todas ellas se encuentra Daniel Parisini, conocido en la red social X como «El Gordo Dan», señalado como uno de los líderes del aparato de comunicación digital libertario y conductor de un streaming afín al oficialismo.
Las acusaciones, presentadas por senadores y diputados de Unión por la Patria y por la periodista Julia Mengolini, describen una escalada de violencia política y campañas sistemáticas de desprestigio. Los delitos denunciados son graves: amenazas, intimidación pública, incitación al odio, malversación de fondos públicos y asociación ilícita destinada a imponer ideas por la fuerza.
Las presentaciones judiciales fueron impulsadas por la senadora Juliana Di Tullio en nombre del bloque peronista en la Cámara Alta; la periodista Julia Mengolini, con el patrocinio del abogado y dirigente Juan Grabois; y el bloque de Unión por la Patria en Diputados, a través de dos denuncias separadas, una encabezada por Leopoldo Moreau y otra por Hugo Yasky, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva.
El objetivo, según explicaron los denunciantes a PERFIL, es ponerle un freno al hostigamiento constante que, aseguran, incluye desde la creación de videos pornográficos con inteligencia artificial hasta amenazas de bomba y llamados a un alzamiento armado contra el Congreso Nacional. Además, buscan que la justicia investigue el funcionamiento y la financiación de lo que califican como «grupos paraestatales».
Uno de los aspectos más destacados de la estrategia judicial es la decisión de radicar una de las denuncias en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado. La elección no fue casual: la magistrada ordenó recientemente la detención de la concejal de Quilmes, Eva Mieri, por un escrache con excremento en el domicilio del diputado oficialista José Luis Espert.
«Queremos ver si actúa de la misma manera, aunque no son casos similares: de un lado hubo una protesta, del otro hubo amenazas concretas al parlamento y sus legisladores», afirmó Leopoldo Moreau, subrayando la diferencia de gravedad entre ambos hechos y poniendo a prueba el criterio de la jueza ante la violencia política denunciada.
