Los seis implicados en el expediente por lavado de dinero vinculado al empresario Lázaro Báez comenzaron a entregarse esta mañana en los tribunales de Comodoro Py. Todos ellos enfrentan condenas de cumplimiento efectivo, confirmadas la semana pasada por la Corte Suprema.

Fabián Rossi fue el primero en presentarse. Llegó una hora y media antes del horario previsto. Ingresó al Tribunal Oral Federal 4 pasadas las 9, firmó el acta de detención y fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal. Rossi fue condenado a cuatro años y medio de prisión y adquirió notoriedad pública porque durante la investigación era pareja de la actriz Iliana Calabró.

A lo largo de la mañana se sumaron César Fernández, Juan Alberto De Rasis, Carlos Molinari y Eduardo Castro. Todos ellos se encuentran ahora en la dependencia de la Policía Federal a la espera de que el juez Néstor Costabel resuelva si les otorga el beneficio de arresto domiciliario. El trámite podría demorar entre una y dos semanas. Hasta entonces, no serán trasladados al Servicio Penitenciario Federal.

En el caso de César Fernández, el procedimiento fue distinto. La Justicia decidió trasladarlo al Cuerpo Médico Forense para que se le practique una evaluación clínica. Se lo vio en mal estado físico y será revisado antes de definir su destino.

El único que no se presentó fue Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones. Su defensa informó que se encuentra internado desde el viernes por una “descompensación”. Ese mismo día se había ordenado su detención, y sus abogados entregaron documentación médica al tribunal, que la analizará antes de resolver.

Los seis acusados integran el grupo de condenados que nunca pasó por prisión durante el proceso judicial. Todos fueron convocados para presentarse hoy a las 10:30. El fiscal federal Abel Córdoba había solicitado su detención inmediata, y el juez Costabel hizo lugar al pedido.

El fallo de la Corte Suprema también obliga a revisar la situación de los condenados que sí estuvieron detenidos o que actualmente cumplen arresto domiciliario. Entre ellos se encuentra Lázaro Báez, condenado a 10 años por haber lavado 55 millones de dólares mediante estructuras financieras radicadas en el exterior.

Báez permaneció en prisión desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019, cuando recuperó la libertad en esa causa. Sin embargo, no salió del encierro porque afrontaba otra investigación vinculada con la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, por la que recibió una pena de cuatro años y medio que aún no quedó firme.

Su defensa argumenta que se deben computar los tres años en prisión más los cinco años y medio en arresto domiciliario. De ser así, ya habría superado el total de la condena. El tribunal deberá resolverlo luego de escuchar la opinión del fiscal.

No todos comparten ese criterio. La Cámara Federal estableció que para el caso de la “Ruta del dinero K” se debe contar solo el tiempo que Báez pasó en una cárcel federal, ya que su arresto domiciliario se ordenó por otro expediente.

Situaciones similares atraviesan Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín. Ambos fueron liberados pero estuvieron bajo prisión domiciliaria por el caso de “El Entrevero”. El tribunal también deberá definir si ya cumplieron sus respectivas penas.

Martín Báez, hijo del empresario, pasó cuatro años y medio preso. Fue detenido en enero de 2019 y excarcelado en junio del año pasado.

Las decisiones que adopte el Tribunal Oral Federal 4 en estos días serán clave para cerrar definitivamente una de las causas más emblemáticas vinculadas al lavado de activos durante el kirchnerismo.