Aunque la estructura de inteligencia depende directamente del Presidente, durante este gobierno, los principales referentes del espionaje no mantuvieron una relación frecuente con el despacho de Javier Milei. En la gestión libertaria, el control de los espías fue delegado a dos figuras políticas clave.

El primero fue el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, un antiguo amigo del Presidente, que concentró poder sobre varias áreas del Ejecutivo, incluyendo una supervisión detallada sobre los servicios secretos.

Posse ubicó al frente de la agencia a Silvestre Sívori, un abogado joven de su extrema confianza, y designó a militares retirados en los cargos más relevantes de la central de inteligencia. Por eso, cuando fue removido del cargo hace exactamente un año, Sívori también fue desplazado. En ese momento, Milei dejó los servicios bajo la tutela de su consultor de máxima confianza, detrás solo de Karina Milei: Santiago Caputo.

Este último asumió la tarea de “refundar” la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En una jugada simbólica, restauró su antiguo nombre: Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), como en los años 90. En cuanto a su diseño institucional, Caputo escuchó a veteranos del espionaje, tanto cercanos a Enrique “Coti” Nosiglia como a los que todavía responden a Antonio “Jaime” Stiuso, el espía más notorio del país.

Uno de los vínculos más destacados que estableció Caputo fue con el empresario Leonardo Scatturice, radicado en Miami, cuya cercanía con el trumpismo y sus conocimientos en inteligencia lo convirtieron en un actor central para el espacio libertario.

De ese diálogo surgió la propuesta de separar la inteligencia nacional de la exterior, crear tres subagencias especializadas y una División de Asuntos Internos (DAI) con el objetivo formal de prevenir el espionaje ilegal. La arquitectura legal de este rediseño fue obra del secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, un referente del nosiglismo desde los años 80.

Esta nueva SIDE recibió un fuerte impulso con un polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autorizó un incremento de $100.000 millones en fondos reservados. Desde la Casa Rosada se justificó señalando que los servicios estaban “diezmados” tras la gestión de Alberto Fernández, y que requerían actualización tecnológica urgente. Sin embargo, el incremento del 778% contrastó con la política de ajuste del Presidente y finalmente fue anulado por ambas cámaras del Congreso.

Aunque no logró controlar todos los recursos deseados, Caputo sigue al mando de la SIDE, definiendo nombramientos clave. La nueva conducción combina recién llegados al ámbito de inteligencia con agentes retirados reincorporados, desde expertos en blockchain debutando en lo público, hasta figuras curtidas políticamente.

Para liderar la SIDE, Caputo eligió a alguien cercano, sin agenda propia y de absoluta confianza: Sergio Neiffert, un hombre con experiencia en el conurbano, capacitado para moverse en los bajos fondos del espionaje. Antes de trabajar con Caputo, Neiffert fue mano derecha de Jesús Cariglino, exintendente de Malvinas Argentinas, y socio en la firma New Consuld SA.

Durante la gestión de Cariglino, Neiffert manejaba los trámites vinculados a emprendimientos inmobiliarios. Fue en ese contexto donde conoció a Claudio Caputo, padre de Santiago, quien era el escribano del grupo constructor de Nicolás Caputo. La relación perduró: en 2005, la empresa de “Nicky” Caputo fue contratada para construir el Palacio Municipal de Los Polvorines.

Desde su designación, Neiffert visita semanalmente a Caputo en su oficina de la Casa Rosada. Si bien cuenta con respaldo político, distintas fuentes aseguran que muestra reticencias a la hora de firmar documentos sensibles. Aunque Caputo cuenta con personas de confianza en la agencia, tuvo que incorporar experiencia y habilidad política para activar la operatividad del sistema.

De acuerdo con información obtenida, fue Stiuso quien recomendó nombres para contrainteligencia, el sector más sensible de la SIDE. Este área, centrada en la prevención del terrorismo, trabaja con identidades reservadas y no figura en comunicados oficiales.

En las otras subagencias, Caputo evitó recurrir a viejas figuras del espionaje y presentó nuevos nombres. En el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), orientado a la cooperación internacional, fue nombrado Alejandro Walter Colombo, con buenos lazos con la CIA y el Mossad.

En la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) quedó Alejandro “Semilla” Cecati, exjefe de seguridad de Mauricio Macri y allegado a Cristian Ritondo, además de ser viejo conocido de Stiuso.

La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), responsable de prevenir ciberataques, fue encabezada por Ariel Waissbein, especialista en criptografía y blockchain, propuesto por Rodrigo Lugones, exsocio de Caputo en consultoría política.

Para la DAI, luego de intentos fallidos de reclutar figuras del Poder Judicial, se designó a Cristian Ezequiel Auguadra, un contador que integró el directorio del Banco Ciudad con el aval de Macri.

Al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) quedó Bautista “Tata” Yofre, primer jefe de la SIDE en la era Carlos Menem, hoy activo en redes entre influencers libertarios.

Con la estructura armada, Caputo buscó darle dinamismo a la SIDE. Intentó sumar a Diego Kravetz, por entonces viceministro de Seguridad porteño, ofreciéndole la Subsecretaría de Inteligencia, el cargo operativo más importante de la agencia. Esa función, conocida como “Señor 8”, fue ocupada por Francisco “Paco” Larcher durante el kirchnerismo y por Silvia Majdalani en el macrismo. La propuesta fue transmitida por Rodrigo Lugones, excompañero de gestión de Kravetz en Lanús.

Recientemente, Caputo designó a otro subsecretario de Inteligencia, esta vez en el plano administrativo: un joven abogado especializado en derecho administrativo, quien en el pasado trabajó en el estudio de María Ibarzabal Murphy, actual secretaria de Legal y Técnica y parte del círculo más íntimo de Caputo.

A raíz de las revelaciones publicadas sobre el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que permitiría espiar a periodistas, economistas y opositores, el diputado radical Pablo Juliano presentó un proyecto para citar a Neiffert al Congreso.