El gobierno de Javier Milei trabaja en silencio para reactivar las represas de Santa Cruz, una de las inversiones extranjeras más ambiciosas en la historia argentina. La prioridad no pasa solo por lo energético: detrás del avance aparece el objetivo clave de conseguir dólares y acomodar la relación con las potencias globales.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó ante los diputados que el Ejecutivo está cerca de firmar la adenda XII, una medida clave para reiniciar el proyecto paralizado. Se trata de un emprendimiento por cerca de USD 5.000 millones, financiado por China, con la particularidad de que el repago solo comenzará cuando las centrales empiecen a generar energía.

En Economía consideran vital encaminar la relación con Beijing, pero al mismo tiempo buscan calmar los recelos de Washington. Por eso, según una fuente con acceso a las negociaciones, en el entorno presidencial evalúan la posibilidad de modificar el esquema de socios locales. La propuesta implica desplazar a las firmas originales y sumar a empresarios con llegada al Departamento de Estado. “Quieren meter por la ventana a Paolo Rocca, Marcelo Mindlin y a Hugo Dragonetti, porque son nombres que caen simpáticos en la Embajada de Estados Unidos”, aseguró la fuente consultada.

El principal obstáculo para ese cambio es la firma que representaba a los capitales chinos en el país. La ex Electroingeniería, una empresa asociada históricamente al kirchnerismo, cambió de nombre y de dueños. Gerardo Ferreyra, su antiguo propietario, vendió su participación. Actualmente, la firma pertenece a Juan Manuel Pereyra y Carlos Bergoglio.

La relación con China viene tensa desde que el enviado de Milei se retiró de una cumbre de la Celac antes de que se concretara un acuerdo por USD 10.000 millones entre el régimen de Xi Jinping y los gobiernos de Chile y Colombia. Mientras tanto, la obra de las represas sigue detenida desde 2015.

La desconfianza no solo viene del costado argentino. Paolo Rocca, titular del grupo Techint, marcó su postura en contra de los negocios conjuntos con China. “El grupo no integra cadenas de valor con empresas chinas”, sostuvo en un encuentro de Propyme. Esa posición dificulta cualquier alianza con los capitales del gigante asiático.

El tema también despierta inquietud en Estados Unidos. El ex funcionario del BID, Mauricio Claver-Carone, sostuvo en una entrevista con Infobae: “Mientras tenga el país el swap, está amarrado a China y depende de ese swap para poder mantenerse económicamente. Entonces, Argentina no es libre”.

Según Claver-Carone, América Latina facilitó el avance de China al no ofrecer condiciones atractivas a los inversores estadounidenses. “Los inversores de Estados Unidos se mueven detrás del valor y el retorno, mientras que China invierte sólo para crear poder e influencia. Esa es la diferencia básica. Y esa es la responsabilidad de América Latina”, advirtió.

La respuesta de la Embajada china en Buenos Aires no tardó en llegar. En un comunicado oficial, los diplomáticos calificaron las declaraciones de Claver-Carone como un ejemplo de “lugares comunes, prejuicios y manipulaciones propias de la Doctrina Monroe”. Además, lanzaron una crítica directa al gobierno argentino: “Imponer a otros países a actuar según las órdenes de la parte estadounidense no es propio de la supuesta libertad que dicen defender, sino que significa someterlos a una mayor falta de esa libertad”.

Mientras se acumulan las tensiones diplomáticas, el Ejecutivo impulsa en paralelo la privatización de Enarsa, la empresa estatal que administra el proyecto de las represas. La compañía ya publicó el pliego para vender sus activos. No obstante, una fuente cercana a las negociaciones aseguró que “Xi Jinping no va a tener ningún interés en tener de socio a una contraparte privada dado que su política de inversión es con los Estados”.

En el sector energético también cuestionan la intención real de reactivar el proyecto. “Deberían investigar el rol que juegan estudios de abogados que desde hace años cobran contratos millonarios para la asesoría legal externa a Enarsa y solo buscan dilatar las resoluciones de los reclamos contractuales para seguir cobrando”, indicó una fuente con conocimiento del caso.

La mira está puesta en HCBS Abogados Consultores SRL. Según la misma fuente, se trata de “una SRL decidiendo los destinos del proyecto de infraestructura eléctrica más importante del país y piedra fundacional de la relación China-Argentina”.