Sin margen para acceder a financiamiento externo, el Gobierno avanza con un esquema informal de blanqueo que permitiría el uso libre de dólares no declarados, sin controles ni justificación de origen. La medida busca estimular el consumo e ingresar divisas, pero choca con compromisos internacionales y plantea serios riesgos legales.
En medio de un contexto económico frágil y sin acceso al crédito internacional, el equipo económico del Gobierno apuesta por un mecanismo informal de regularización de dólares en negro. El ministro Luis Caputo deslizó la idea de permitir el uso libre de divisas no declaradas sin que los ciudadanos deban explicar su procedencia. Lo hizo sin precisar detalles, pero dejó en claro que busca una “segunda vuelta” del blanqueo realizado el año pasado.
El plan, que no se presentó como proyecto de ley, apunta a estimular el consumo de bienes como autos, inmuebles, electrodomésticos y maquinaria, utilizando fondos que hasta ahora permanecieron al margen del sistema. Según datos que circulan entre funcionarios, fuera del radar del fisco habría al menos USD 250.000 millones. En el organismo recaudador hablan de hasta USD 300.000 millones.
“Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones”, afirmó Caputo, y agregó que “la gente no los usa porque tiene miedo de que el ARCA los persiga”. Las frases sintetizan el espíritu del nuevo intento del oficialismo por liberar una masa de billetes escondidos en cajas fuertes y debajo del colchón. Pero detrás de ese objetivo aparece una urgencia más profunda: la necesidad de dólares frescos para frenar la presión sobre el tipo de cambio.
El esquema funcionaría como una legalización encubierta. Desde el equipo económico confirmaron que buscan evitar que el uso de esos fondos implique sanciones o castigos. Se trataría, según una fuente oficial, de un “blanqueo sin papeles”, en el que una persona podría comprar un bien sin que le pregunten nada. La misma fuente explicó: “Es una suerte de blanqueo encubierto, todavía no está la norma, significa que vas a comprar un electrodoméstico y nadie te pregunta nada”.
Durante 2024, el Gobierno ya logró captar USD 20.000 millones a través de un blanqueo tradicional, con incentivos y ventajas fiscales. Sin embargo, buena parte de ese dinero no ingresó al circuito productivo. Los depósitos bancarios en dólares empezaron a caer y el Banco Central no logró acumular reservas en las últimas tres semanas. El propio mercado estima que desde noviembre salieron más de USD 5.000 millones.
El nuevo intento de Caputo busca revertir ese drenaje sin recurrir a medidas legislativas. En los despachos oficiales reconocen que la Ley Bases ofrece un paraguas legal para ampliar el perdón fiscal a quienes exterioricen fondos en efectivo sin origen justificado. Eso les permitiría sortear las obligaciones tributarias y cambiarias, incluso con la complicidad del ARCA y del Banco Central.
Pero esta jugada expone al Gobierno a nuevos conflictos internacionales. La Argentina está bajo la vigilancia del GAFI, el organismo global contra el lavado de dinero, y el FMI exige desde septiembre el cumplimiento de sus recomendaciones. El año pasado, el Congreso aprobó una ley específica para evitar que el país cayera en la “lista gris”, algo que ahora podría volver a estar en riesgo.
A nivel interno, las restricciones legales siguen vigentes. Hoy una compra mayor a USD 6.000 requiere autorización gerencial, datos personales, y declaración de si el comprador es una Persona Expuesta Políticamente. En el blanqueo anterior, incluso los familiares de funcionarios públicos quedaron excluidos. Si esta vez se eliminan esos controles sin reformas normativas, se violarían compromisos internacionales en materia de transparencia.
El mensaje político detrás de esta flexibilización es claro: el Gobierno necesita mostrar estabilidad cambiaria en plena campaña. Caputo confía en que una mayor circulación de dólares ilegales sirva como ancla inflacionaria, aunque la presión sobre el tipo de cambio no se detuvo. Esta semana, el dólar oficial volvió a subir y cerró a $1.210. La señal que intenta dar el Ejecutivo, de que la divisa bajará a $1.000, se enfrenta a una realidad muy distinta.
La política económica de Milei sigue dependiendo de recursos extraordinarios. Primero fue el blanqueo. Ahora, la apuesta se centra en abrir las puertas al uso de dólares no declarados sin pasar por el Congreso. El costo institucional y financiero de esa decisión todavía es incierto, pero el riesgo es claro: que el atajo para sumar divisas termine agravando el aislamiento de la Argentina en los mercados y socavando los estándares contra el lavado que el país firmó a nivel internacional.
