En el marco de la discusión sobre el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires, la comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara de Diputados reunió a funcionarios judiciales, legisladores y representantes del Ejecutivo para tratar posibles modificaciones a los plazos establecidos por la Ley Electoral N° 5.109. La Junta Electoral reclamó formalmente una extensión de los tiempos legales para organizar el proceso comicial, y los actores políticos evalúan alternativas para dar una respuesta institucional sin reformar el texto normativo.

El encuentro contó con la participación de integrantes de todos los bloques parlamentarios, representantes de la Suprema Corte y funcionarios del Gobierno bonaerense. Hilda Kogan, presidenta de la Corte y de la Junta Electoral, lideró la exposición judicial. Carlos Bianco, ministro de Gobierno y referente en materia electoral del gobernador Axel Kicillof, también se presentó en la reunión, aunque evitó responder cuestiones logísticas requeridas por algunos legisladores.

Durante la jornada, los responsables técnicos de la Junta, como Daniel Demaría Massey y Carlos Safadi Márquez, advirtieron que los tiempos que fija la ley resultan muy ajustados. Plantearon que el cronograma vigente —30 días previos al comicio para la presentación de candidaturas y 20 días para la oficialización de boletas— obstaculiza el normal desarrollo del proceso. Kogan fue enfática: “Si no se cambiaban las fechas en vez de trabajar 8 o 10 horas como ahora tendremos que trabajar 24”. Según explicó, garantizar el derecho al voto exige que la Justicia cuente con márgenes más amplios de organización.

Aunque la Junta Electoral aseguró que puede cumplir con el proceso incluso si no hay cambios, pidió formalmente que la Legislatura revise los plazos. “Tenemos que garantizar que el pueblo de la provincia de Buenos Aires pueda votar con tranquilidad”, afirmó Kogan, y destacó que una reforma no solo beneficiaría a la organización judicial, sino también a partidos y alianzas.

Desde la oposición se abrió un debate jurídico. Algunos legisladores sostuvieron que el artículo 61 de la ley actual habla de plazos mínimos, lo que permitiría a la Junta ampliar fechas mediante una resolución administrativa. Sin embargo, Gustavo Spacarotel, miembro del organismo electoral, lo rechazó de plano. “Es competencia de los legisladores solucionar estos temas”, afirmó. La propia Kogan había descartado la posibilidad de reinterpretar la norma para alterar los plazos sin aval parlamentario.

Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, apoyó los argumentos de la Junta y se mostró dispuesto a buscar una salida legislativa. No definió si será a través de un proyecto del Ejecutivo o mediante un texto consensuado en ambas Cámaras. Además, planteó que, si la Justicia tiene más inquietudes, como el tratamiento de los votos nulos, debería hacerlas llegar cuanto antes para incorporarlas en la misma iniciativa. “Si es más fácil cambiar esto por ley, en lugar de hacer una capacitación especial para las autoridades de mesa y del escrutinio, no hay problema de que lo resolvamos los legisladores”, sostuvo.

La reunión mostró además tensiones políticas. Bianco se negó a responder preguntas sobre logística electoral. Invitó a los legisladores a remitirse a sus conferencias de prensa o enviar consultas por correo electrónico. Esta actitud provocó enojo tanto en la oposición como en sectores del oficialismo. Diego Garciarena, jefe del bloque UCR-Cambio Federal, lo criticó con dureza: “Parece que está acostumbrado a tener actitudes evasivas, ahora evade las preguntas de la Legislatura”.

En sintonía, la senadora oficialista Teresa García cuestionó al ministro por no ofrecer respuestas concretas. “La respuesta no puede ser mírenme en la conferencia de prensa, como dijo. Somos legisladores, estamos tratando de resolver el tema. Esa no es la respuesta que corresponde en la Legislatura”, sostuvo la presidenta del bloque de senadores de UxP. García, sin embargo, defendió los plazos vigentes y consideró innecesario modificar la ley.

El tema viene arrastrando discusiones desde semanas atrás. La Corte bonaerense había convocado una reunión urgente con autoridades legislativas, pero en aquella ocasión los principales referentes del oficialismo se ausentaron. El Senado ya trató un proyecto del Ejecutivo para suspender las PASO y modificar los plazos del calendario, aunque sólo aprobó la primera parte. La propuesta oficial planteaba ampliar a 80 días el plazo para la presentación de alianzas y a 70 días el de listas. Sin embargo, la Cámara Alta mantuvo los 60 y 30 días actuales y no aceptó cambios sobre los tiempos de presentación de boletas.

La Junta propuso una solución intermedia. Solicitó que se permita presentar candidaturas 50 días antes de la elección y boletas con 30 días de anticipación. El planteo busca facilitar las tareas judiciales sin alterar los hitos principales del cronograma, como el cierre de alianzas y la fecha del comicio, que el gobernador Kicillof fijó para el 7 de septiembre.

Mientras tanto, la política bonaerense debate si corresponde avanzar con una reforma legislativa, permitir una flexibilización desde la Justicia o mantener el esquema actual. Las posturas siguen divididas, incluso dentro de los bloques. En el fondo, la discusión revela no sólo un problema técnico, sino también un pulso de poder entre oficialismo, oposición y Justicia en la antesala de una elección sin primarias y con fuerte tensión institucional.