La maniobra de la jueza Capuchetti para desviar la investigación del atentado a Cristina Fernández de Kirchner y correr del foco a Milman quedó expuesta en las audiencias, donde el fiscal Rívolo arrinconó a sus defensores.
Después de arrebatarle de forma abrupta a la fiscalía el control de la investigación sobre la autoría intelectual del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti lanzó una maniobra para desviar la atención que recaía sobre el diputado del PRO Gerardo Milman y trasladar las sospechas hacia la Policía Federal Argentina (PFA), dirigida por Aníbal Fernández. Aunque el fiscal Carlos Rívolo la acusó de incurrir en forum shopping y solicitó que enviara sus supuestas nuevas líneas de investigación a sorteo para que otro juez las analizara, la magistrada inició este viernes una serie de declaraciones testimoniales de agentes involucrados en un sumario interno contra dos policías, sobre un hecho que ni siquiera guarda vínculo directo con el atentado. La primera testigo bastó para dejar en evidencia la maniobra.
Sandra Judith Carral Leiva, comisaria mayor de la Dirección General de Investigaciones Internas de la PFA, aclaró que tuvo una «mínima participación» en dicho sumario, ya que únicamente sustituyó a un compañero durante diez días. A pesar de los intentos de los abogados defensores de Milman, la testigo no aportó acusaciones relevantes y apenas recordó algunos procedimientos de rutina. Según explicó, se limitó a hacer notificaciones formales y a permitir a los agentes implicados presentar sus descargos. Las preguntas formuladas desde el juzgado carecieron de relevancia, y ante las consultas de la fiscalía, la comisaria sostuvo que ni ella ni otros policías fueron presionados para alterar el curso de la investigación interna, contradiciendo así la hipótesis que la jueza parecería intentar imponer.
Este giro se produjo el mismo día en que se conoció un peritaje contable oficial que confirmó que la empresa Caputo Hermanos —propiedad de los hermanos del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo— había pagado entre un 10% y un 20% por encima del valor de mercado por muebles encargados a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal. Esta organización había promovido consignas violentas poco antes del atentado a CFK, justo en el período en que Morel recibía sumas millonarias. El encargo consistía en equipar un edificio entero en Añelo, Neuquén, a más de 1200 kilómetros del pequeño taller de Morel, que ni siquiera tenía un cartel identificatorio. A pesar de la relevancia de estos vínculos, Capuchetti nunca impulsó una investigación en profundidad sobre estos hechos en relación al atentado.
Una estrategia conjunta: la jueza y Milman Capuchetti aún mantiene en su juzgado un expediente residual sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, enfocado en las posibles conexiones políticas y económicas. La investigación que involucra a Milman sigue a medias, pese a que un testigo declaró haberlo oído decir en el bar Casablanca, dos días antes del ataque: «cuando la maten yo estoy camino a la costa». Sin embargo, el juicio oral sobre los autores materiales del hecho complicó a la jueza, ya que varios testigos, incluida la custodia de CFK, señalaron irregularidades en las primeras etapas de la investigación, especialmente en lo que respecta al daño sufrido por el celular de Fernando Sabag Montiel, cuyo contenido no pudo ser recuperado.
En respuesta a estas complicaciones, Capuchetti resolvió retirar a Rívolo de la investigación que había delegado en él hace más de dos años, tras haber sido recusada por sospechas de parcialidad. Cabe recordar que, en su momento, no ordenó secuestrar los celulares de las mujeres que acompañaban a Milman en el famoso encuentro en el bar, permitiendo que los dispositivos fueran manipulados en una oficina vinculada a Patricia Bullrich, hasta que la Cámara Federal ordenó finalmente su incautación.
En su argumento, Capuchetti reprochó al fiscal la falta de un «progreso significativo» y la necesidad de «un nuevo enfoque» al considerar que no se había «profundizado suficiente» sobre el rol de la PFA. De manera cuestionable, fusionó el expediente relacionado a la policía —del cual la fiscalía ya había descartado nexos con el atentado— con el que refiere a Milman. De hecho, el legajo dejó de mencionar al diputado para pasar a titularse «… Suárez Mariela Rosario y otros s/legajo de investigación», utilizando el nombre de una mujer que fue señalada en un llamado anónimo al principio de la causa, sin vínculo probado con el hecho. Esta maniobra fue tan evidente que este viernes el expediente volvió a cambiar de nombre a simplemente «NN».
En este contexto, a principios de abril, Milman, quien llevaba tiempo sin referirse públicamente al tema, concedió una entrevista al portal Mdz donde sostuvo: «No quiero spoilear a la jueza, pero ella esta semana ha retomado la conducción de la causa, así que creo que vamos a tener novedades importantes en los próximos días». Y agregó: «Pronto se sabrá quien le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel«, esperando identificar a los «responsables reales» «de, entre comillas (sic), el atentado de Cristina Fernández de Kirchner«.
Durante la audiencia del viernes, tras el testimonio de la comisaria, mientras el personal judicial realizaba fotocopias, el fiscal Rívolo se acercó a los abogados defensores de Milman, Manuel Barros y Mauricio Castro, y los interpeló directamente:
—Ya que ustedes saben quién le puso el arma en las manos a Sabag Montiel ¿Por qué no vienen y lo dicen acá, así no nos enteramos por los diarios?
Los defensores quedaron inmóviles, sin emitir respuesta.
Rívolo ya había investigado exhaustivamente a los miembros de la custodia de CFK, analizando comunicaciones y escuchas telefónicas, así como a policías de la Ciudad de Buenos Aires asignados a los operativos cercanos a la casa de la expresidenta. También hubo sumarios internos por el peritaje inicial del celular de Sabag Montiel, realizado en el propio juzgado bajo indicación de Capuchetti, y otro sumario que la jueza intenta ahora revivir: el relacionado con la omisión de dos agentes de la Unidad Antiterrorista que no detuvieron a Brenda Uliarte cuando salía encubierta de una vivienda en Barracas rumbo a la estación Retiro, a pesar de existir ya una orden de detención.
En su momento, la jueza se había negado a allanar la casa en Montes de Oca, por lo que detener a Uliarte en la vía pública era fundamental. La exnovia de Sabag Montiel fue finalmente detenida por la PFA en la estación Palermo, gracias a las directivas de un secretario judicial. Los agentes involucrados recibieron cinco días de arresto, aunque la comisaria testigo sugirió que el sumario interno seguía abierto. De todas formas, se trata de un hecho que no tiene relación directa con el atentado y que Capuchetti ahora utiliza para mostrar iniciativa en la causa.
El fiscal Rívolo, en su escrito de esta semana, también señaló que resulta llamativo que el diario Clarín publicara el video de Brenda saliendo de la vivienda en Barracas, un material conocido desde 2022. Además, advirtió que sería irregular encomendar a la Gendarmería una nueva pericia del celular de Sabag Montiel, cuando ya fue realizada en marzo con participación de esa fuerza. Remarcó que Capuchetti está incurriendo nuevamente en forum shopping al intentar reabrir una investigación cerrada, y que la fusión entre la pista de Milman y la de los agentes de la PFA es «a todas luces irregular», ya que no existe nexo probatorio entre ambos casos.
El trasfondo de todo este movimiento parece ser la estrategia de encubrir o desviar una investigación que podría aportar respuestas sobre una cuestión central aún sin resolver: quiénes fueron los verdaderos responsables detrás del atentado contra quien fue dos veces presidenta de la Nación.
