El Congreso dio su aval este miércoles al decreto presidencial que habilita al Gobierno a cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A partir de esta decisión, el equipo económico deberá ultimar los detalles del programa con el organismo, incluyendo el monto final del financiamiento y eventuales modificaciones en la política cambiaria.

La Cámara de Diputados respaldó la autorización vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el Ejecutivo utilizó para avanzar con la negociación. La oposición cuestionó el mecanismo elegido, ya que el procedimiento habitual habría requerido la presentación de un proyecto de ley, tal como lo establece la normativa conocida como “Ley Guzmán”. Con la instancia legislativa resuelta, resta una nueva ronda de reuniones con el staff técnico del FMI para definir los aspectos pendientes.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo podrían viajar a Washington para continuar las conversaciones. Sin embargo, desde la cartera económica no confirmaron aún si esta misión está programada.

El decreto aprobado no especifica el contenido detallado del acuerdo, pero establece su estructura general. Se enmarca en un programa Extended Fund Facility (EFF), que tendrá vigencia hasta 2035. Este esquema otorga plazos más largos para la devolución de los préstamos y contempla un período de gracia de cuatro años y medio, tiempo en el cual el país no deberá afrontar pagos de capital al FMI. La medida apunta a reducir la presión financiera en el corto plazo y favorecer la recuperación económica.

El monto total del acuerdo aún no fue oficializado, aunque estimaciones privadas lo sitúan entre 20.000 y 25.000 millones de dólares. Los fondos permitirán refinanciar vencimientos por unos 14.000 millones de dólares y obtener recursos adicionales para cancelar Letras Intransferibles.

Según lo argumentado en el decreto, el objetivo del Gobierno es evitar una salida abrupta de divisas que genere inestabilidad cambiaria y monetaria. La estrategia de extender los vencimientos apunta a prevenir nuevas tensiones en el mercado financiero local.

El período de gracia establecido implica que los pagos de capital al FMI comenzarían en 2029. En cuanto a la tasa de interés, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que será del 5,63% anual en dólares, una cifra menor a la que el país obtendría en los mercados internacionales.

Una parte de los fondos del FMI se destinará a recomprar Letras Intransferibles emitidas por el Ministerio de Economía y actualmente en poder del Banco Central. Estas letras representan un pasivo significativo para la entidad monetaria y suman alrededor de 23.000 millones de dólares. Para cancelar el primer vencimiento, previsto para el 1° de junio por 10.000 millones de dólares a valor nominal, el Gobierno necesitaría acceder a 3.000 millones adicionales de financiamiento.

La diferencia entre los valores registrados por el Ministerio de Economía y el Banco Central se debe a distintos criterios de valuación. Mientras que en la cartera económica aparecen por el monto nominal, el Banco Central las contabiliza a aproximadamente el 30% de ese total, un valor más cercano a su cotización real en el mercado.

Aunque la validación del Congreso representa un avance, aún quedan definiciones pendientes en la negociación con el FMI. La incertidumbre en torno al monto final y las condiciones específicas del acuerdo mantiene la atención de los mercados financieros.

El equipo económico evita brindar precisiones sobre el proceso, pero la aprobación legislativa permitirá al Ejecutivo acelerar la etapa final de las tratativas. Un evento clave en este proceso será la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, prevista entre el 21 y el 26 de abril. En ese encuentro participarán autoridades de los organismos internacionales, ministros de Economía y representantes de bancos centrales, lo que podría ser determinante para la concreción del acuerdo.