El artículo 2 define que «quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de este Ministerio, llamando a la línea gratuita 134».

Entre los considerandos de la medida se advierte que «es de público y notorio conocimiento que miembros de grupos organizados y barras bravas de diferentes parcialidades futbolísticas, con la excusa de apoyar una manifestación de personas jubiladas, promovieron disturbios con fines desestabilizadores en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo”, y señala que hubo “movilizados que no tenían nada que ver con la convocatoria que agredieron a fuerzas policiales con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional afirmaron que durante la manifestación de la semana pasada se ejercieron delitos de sedición, asociación ilícita agravada, y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, y, en ese contexto, señalaron que “resulta necesario y urgente identificar a los autores a través de una rápida y contundente respuesta del Estado”.

En la antesala de una nueva marcha al Congreso, que se prevé será multitudinaria, el gobierno libertario apuesta a vaciarla. Para ello desde hace días desde las más altas esferas de la Casa Rosada vienen amenazando con más represión este miércoles, con denuncias de sedición y la aplicación de la Ley Antimafias a los manifestantes y ahora con conseguir delatores bien rentados.