El estudio Burwick Law, con sede en Nueva York, analiza acciones legales por el colapso de la criptomoneda $LIBRA, que dejó cientos de damnificados en varios países. La investigación involucra a figuras clave del ecosistema cripto y salpica al gobierno de Javier Milei, cuyo rol en la promoción del activo digital genera cuestionamientos.
El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA avanza en el ámbito judicial internacional. A la notificación que recibió el Departamento de Justicia y el FBI se sumó el estudio Burwick Law, un bufete de Nueva York especializado en la defensa de consumidores digitales. La firma representa a más de 200 damnificados de diversos países y analiza iniciar acciones legales para recuperar las inversiones perdidas.
Max Burwick, socio gerente del estudio, aseguró que se encuentran «investigando y entendiendo qué ocurrió para buscar posibles opciones legales para nuestros clientes». Agregó que, de ser necesario, recurrirán a litigios civiles en tribunales estadounidenses. Aunque una demanda colectiva es una posibilidad, el bufete considera prematuro definir la estrategia final.
Uno de los principales impulsores de $LIBRA, el estadounidense Hayden Mark Davis, reconoció en entrevistas recientes la comisión de delitos financieros, incluyendo el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado. La ubicación de los responsables y el rastreo de los fondos serán claves para determinar dónde se presentarán las demandas.
El abogado argentino radicado en Estados Unidos, Martín Litwak, destacó que el proceso legal dependerá del marco normativo bajo el cual se emitió la criptomoneda y de los países donde operó. En tanto, Burwick confirmó que representan a víctimas de América, Europa, Asia y África.
El estudio neoyorquino evitó pronunciarse sobre el rol del presidente Javier Milei y otros involucrados. Sin embargo, alertó sobre el uso de «figuras prominentes y celebridades que no son expertos en la industria criptográfica para ganarse la confianza del público respaldando productos financieros».
Litwak planteó que aún no está claro si las personalidades que promocionaron $LIBRA podrán ser demandadas, señalando que «es una discusión de gran actualidad». En este contexto, Burwick remarcó que las acciones judiciales buscan eliminar «a los malos actores de la industria y dejar espacio para una verdadera innovación», lejos de esquemas fraudulentos y manipulaciones de mercado.
Vínculos con el Gobierno y la trama interna
Entre los principales actores de esta operatoria figuran Hayden Mark Davis, fundador de Kelsen Ventures y asesor del Gobierno en temas de «tokenización», y Julian Peh, empresario de Singapur y creador de la criptomoneda. Peh señaló que la implementación del token estuvo «completamente a cargo de Kelsen Ventures».
Otro de los nombres que aparece en la trama es Mauricio Novelli, vinculado a N&W Professional Partners y a Manuel Terrones Godoy, acusado de estafas financieras. Novelli mantuvo lazos con Milei y facilitó el contacto con KIP Protocol. En el pasado, el presidente participó de capacitaciones para su firma.
El escándalo alcanzó a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien facilitó el ingreso de Novelli a la Casa Rosada en varias ocasiones y también gestionó la entrada de Davis. La oposición exige explicaciones por estos encuentros y el rol que jugaron en la promoción de la criptomoneda.
Javier Milei utilizó sus redes sociales para difundir $LIBRA y afirmó que la criptomoneda contribuiría al crecimiento económico. No obstante, tras la caída del activo digital, eliminó su publicación y aseguró que «no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto».
El escándalo también afectó al empresario Charles Hoskinson, creador de Ethereum y Cardano. Denunció que Novelli y Terrones Godoy le exigieron dinero para facilitarle una reunión con Milei en el «Tech Forum». Aunque reconoció que fue víctima de un engaño, sostuvo que el presidente no tuvo participación en la maniobra.
Con el caso en investigación y posibles demandas en puerta, el impacto del escándalo $LIBRA podría extenderse en los tribunales internacionales y en la arena política argentina.
