Durante el Gobierno de Unión Soviética (URSS) de 1924 a 1953, el régimen de Iósif Stalin consolidó un sistema totalitario basado en el control absoluto del Estado. Se instauró una estructura de represión que eliminó cualquier disidencia mediante purgas que afectaron a todo el aparato gubernamental. La doctrina del «enemigo del pueblo» justificó el desplazamiento de altos mandos, funcionarios y ciudadanos considerados una amenaza para la estabilidad del régimen. La concentración del poder en un solo hombre, el culto a su figura y la instrumentalización del miedo fueron las herramientas utilizadas para consolidar su gobierno.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei parece haber adoptado una lógica similar en lo que respecta a su gabinete. No solo ajusta el gasto público con recortes drásticos, sino que también aplica su propia «motosierra» en el seno de su administración. Cada funcionario que se desvía de su línea política es rápidamente desplazado. Mariano de los Heros, exdirector de la ANSES, es el último en engrosar la lista de cesanteados, que ya asciende a 119 desde que el presidente asumió el poder.

Desde el regreso de la democracia, no se había registrado un nivel de inestabilidad similar en la estructura política del gobierno. Los politólogos Pablo Salinas y Ana Castellani han documentado cada despido y renuncia de ministros, secretarios y directores. En 428 días de gestión, el presidente ha removido a 119 funcionarios de alto rango, lo que equivale a dos por semana. Salinas advierte que esta práctica no es inocua: «Cuando un funcionario es desplazado, hay una parálisis en la gestión. Porque se queda sin firma. Y hasta que no haya un reemplazo, todos los actos administrativos quedan paralizados».

La inestabilidad dentro de su administración, lejos de ser un fenómeno aislado, parece una táctica de gobierno

El Ministerio de Economía encabeza la lista de despidos, con 31 funcionarios removidos. Entre ellos, Flavia Royón, exsecretaria de Minería, y Eduardo García Chirillo, exsecretario de Energía, quien argumentó razones de salud, aunque en el sector energético se atribuyó su salida a problemas administrativos. También fue apartado Fernando Vilella, exsecretario de Agricultura y allegado al exjefe de Gabinete Nicolás Posse, otra víctima de la depuración interna. Se especula que la propia Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, promovió su salida al sospechar que Posse había ordenado espiar sus movimientos.

La renuncia de Posse, quien permaneció menos de seis meses en su cargo, también arrastró a Silvestre Sívori, entonces jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Su lugar fue ocupado por Sergio Nieffert, un hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. Otro caso significativo fue el de Guillermo Ferraro, exministro de Infraestructura, despedido en enero tras la filtración de información sobre reuniones de gabinete. Más resonante fue la destitución de la excanciller Diana Mondino, quien dejó su cargo luego de que el representante argentino en la ONU votara en contra del embargo a Cuba. La decisión fue atribuida a un desgaste en su relación con Karina Milei y Caputo, dos figuras clave en el círculo de poder presidencial.

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ocupa el segundo lugar en la lista de cesantías, con 26 funcionarios removidos. Entre ellos, el exministro de Salud Mario Russo, cuyo cargo terminó en manos de Mario Lugones, un colaborador de confianza de Caputo. Otro caso emblemático fue el de Osvaldo Giordano, quien dirigía la ANSES al inicio del gobierno. Su salida estuvo vinculada a la decisión de su esposa, la diputada Alejandra Torres, de votar en contra de la primera versión de la Ley Bases. También fue apartado Pablo De la Torre, exsecretario de Niñez y Familia, señalado por el acopio de alimentos que la Justicia ordenó distribuir. Paradójicamente, su sustituta, Leila Gianni, tampoco se mantuvo en el cargo. Sus intenciones de desarrollar «política territorial» en La Matanza fueron consideradas incompatibles con la estrategia del ministerio.

En el esquema de Milei, la lealtad absoluta se ha convertido en un requisito indispensable para la permanencia en el gobierno. Cada funcionario destituido refuerza la imagen de un presidente que no tolera desviaciones de su rumbo. La inestabilidad dentro de su administración, lejos de ser un fenómeno aislado, parece una táctica de gobierno. La historia ha demostrado que este tipo de purgas pueden tener consecuencias profundas en la capacidad de gestión y en la estabilidad política de un país.