En medio de diversas medidas en contra de los pueblos originarios, el Gobierno oficializó la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario. Este programa otorgaba subsidios para facilitar el acceso a la justicia por parte de las comunidades indígenas que atravesaban conflictos de tierras.

El Programa de Fortalecimiento Comunitario tuvo como objetivo el otorgamiento de subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas que acarreaban las labores profesionales ejercidas en acciones y defensas judiciales, asesoramiento jurídico contable, capacitación legal y ejecución e inscripción de mensuras. Todo esto tendía a consolidar la posesión de las tierras que ocupaban las comunidades indígenas existentes en el país y con el objetivo de alcanzar su definitiva propiedad comunitaria.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que fue necesario dejar sin efecto determinados programas que se llevaron adelante en la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) porque no respondían a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que ese contexto requería. Entre ellos se encontraba el mencionado programa.

A través de la Resolución 8/2025, se dejó sin efecto el programa en respuesta a la política de revisión y optimización de recursos estatales, medida respaldada por el decreto 70/2023 de emergencia pública en materia económica. Según informes de auditoría de la Sindicatura General de la Nación, el programa presentó deficiencias y desvíos, incluyendo la falta de herramientas de registro y sistematización de datos que permitieran identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios no reintegrables de Fortalecimiento Comunitario otorgados desde su creación. Además, aseguraron que no se cumplieron con los objetivos planeados.

El artículo primero de la resolución resolvió: “Derógase la Resolución INAI N° 235/2004 del 19 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió crear el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del INAI».

La medida se dio en medio de los avances del Gobierno en contra de las comunidades indígenas. Hace menos de una semana, el INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad indígena del pueblo Qom, específicamente a la Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem”, en la localidad de Makallé, Chaco.