La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no pudo aplicar el protocolo antipiquetes durante la marcha federal del orgullo antifascista y antirracista. El juez Alejo Ramos Padilla dictó un hábeas corpus preventivo ordenando a los funcionarios garantizar «las condiciones necesarias para que los manifestantes puedan expresarse en libertad» y abstenerse de emitir órdenes que «limiten arbitrariamente el derecho constitucional a la protesta social».

El magistrado remarcó que las fuerzas de seguridad no pueden implementar acciones que vulneren la libertad de expresión, prohibiendo la identificación de personas en la vía pública o en transportes dentro de la provincia de Buenos Aires. «Se exhorta a las fuerzas de seguridad a que el 1 de febrero no se intercepten personas en la vía pública, ni en transportes públicos ni en accesos a unidades de trenes, ni se las filme con fines de identificación», detalló Ramos Padilla.

Diferencias en el PRO: ¿Bullrich se desentiende del operativo?

Desde el entorno del PRO, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre la postura del Gobierno Nacional frente a la seguridad de la marcha. Algunas voces dentro del partido señalaron la aparente pasividad de la ministra Bullrich.

«Es llamativo que el Gobierno Nacional libere las calles y no aplique el protocolo antipiquetes que la propia Bullrich defiende con tanto énfasis en otras manifestaciones», deslizaron fuentes cercanas a la gestión porteña.

«Liberar la circulación es un riesgo. ¿Qué pasaba si había grupos infiltrados o si vandalizaban la Catedral?», advirtieron desde el PRO.

Ante este escenario, el Gobierno de la Ciudad, liderado por Jorge Macri, anunció que sí aplicaría un operativo de seguridad propio, como ha hecho en otras marchas. «Vamos a definir recorridos y cortes parciales de calles para minimizar el impacto en la circulación vehicular», indicaron desde el Ministerio de Seguridad porteño.

El esquema de seguridad fue similar al implementado en las movilizaciones en defensa de la universidad pública en abril y octubre. La Policía de la Ciudad desplegó controles en el segundo y tercer anillo de seguridad, con una fuerte presencia de oficiales mujeres en la primera línea de contención.

«Esta unidad especial de oficiales femeninas suele utilizarse en protestas de sectores vulnerables, como jubilados, estudiantes o mujeres con hijos«, explicaron fuentes oficiales. Jorge Macri, al presentar la unidad, enfatizó: «Son oficiales capacitadas para negociar y disuadir, pero si la violencia escala, están preparadas para garantizar el orden en el espacio público».

Fuga de legisladores: Bullrich pierde aliados en la Ciudad

En medio de la interna por la seguridad, el PRO sufrió una nueva fractura. Tres legisladores porteños del bloque que responde a Patricia Bullrich confirmaron su pase a La Libertad Avanza, debilitando aún más la estructura del macrismo en la Ciudad.

Los dirigentes formaban parte de Vamos por Más (VxM), el espacio vinculado a la ministra de Seguridad, pero decidieron alinearse con el oficialismo de Javier Milei, marcando otro golpe a la estructura de Mauricio Macri de cara a las próximas elecciones legislativas.

Esta doble crisis—la disputa por la seguridad y la fuga de legisladores—expone la creciente tensión dentro del PRO y la pérdida de cohesión en su interna. Mientras Jorge Macri refuerza su autonomía en la Ciudad, Bullrich enfrenta un escenario cada vez más complejo dentro de su propio espacio político.