Tal y como anunció anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno estableció una serie de cambios en el sistema antidumping, que se aplica a productos importados como electrodomésticos, bicicletas o bombas de agua, con la intención de fomentar la competencia, reducir precios y garantizar un comercio exterior más transparente. Entre los principales cambios se encuentra que las medidas antidumping dejarán de ser ilimitadas y pasarán a tener una duración máxima de tres años.

Se trata de una batería de más de 130 modificaciones que fueron diagramadas por el equipo económico del Gobierno y publicadas en el Boletín Oficial de este jueves en el decreto 33/2025 y que afectan a los derechos antidumping, los cuales “son instrumentos que se utilizan cuando el precio de un producto importado se vende por debajo del valor de mercado del país de origen, generando una competencia desleal con los productos locales”.

“En la Argentina, estas medidas funcionan en muchos casos como un derecho adquirido, lo que evita la competencia y encarece productos para los consumidores e insumos para la industria”, cuestionó Caputo en un publicación de X donde adelantó los cambios.

Según explicó, la reforma al sistema antidumping busca reducir abusos y mejorar la competencia entre productos. Para ello, el principal cambio es que se estableció un plazo de tres años como máximo de duración para las medidas antidumping, con la posibilidad de una única extensión de dos años. Hasta ahora podían renovarse ilimitadamente.

Por otro lado, Caputo explicó que otro de los problemas que se solucionará para mejorar el sistema son las investigaciones surgidas de las denuncias de dumping. Para esto, se decidió que ahora sean más rápidas y se reduzcan de 12 meses a un máximo de 8 meses.

También mencionó que la intención es que se simplifiquen los trámites, en línea con la desburocratización que se lleva a cabo desde el área de Federico Sturzenegger. Para ello, Caputo anunció que toda la gestión se hará en la Comisión Nacional de Comercio Exterior, “en lugar de presentar la documentación en dos dependencias distintas”.

No obstante, la reforma tiene otro importante eje que busca conseguir una mayor supervisión del dumping. Para ello, el ministro dijo que nuevas entidades participarán para equilibrar intereses de empresas y consumidores. Estas son la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía, las cuales se incorporan al “análisis de casos para garantizar que las decisiones consideren tanto el interés público como el de los consumidores”.

Para fundamentar las modificaciones, el ministro de Economía dio algunos ejemplos: “Las bicicletas cuentan con medidas antidumping desde hace más de 20 años, lo que encarece su precio. Lo mismo ocurre con productos como planchas eléctricas y calefactores que tienen precios mucho más altos que en otros países: las planchas cuestan más de $100.000, mientras que en Europa valen menos de la mitad; los calefactores superan los $30.000, mientras que en Brasil rondan los $27.000″.

“En el caso de las bombas de agua, los derechos antidumping, que son los porcentajes que deben pagar quienes importan bienes con medidas aplicadas, son del 246% sobre el valor total de la importación; las multiprocesadoras deben abonar un 203% y los ventiladores un 164%”, definió el funcionario nacional.

En 2024, a través de un relevamiento al que accedió LA NACION, la Argentina era el cuarto país del mundo en medidas antidumping. Con 298, según datos de la Comisión Nacional de Comercio Exterior en base a la Organización Mundial de Comercio (OMC), solo por detrás de India, Estados Unidos, y la Unión Europea.

“Con esta reforma, se fomenta la competencia, se restituye la función original de los derechos antidumping y se busca un comercio exterior más transparente y equilibrado”, ponderó Caputo.

Dumping en la Argentina

Según se desprende del sitio web oficial sobre dumping en la Argentina del gobierno nacional, el dumping ocurre cuando un producto se exporta a un precio inferior al que se vende en el mercado interno del país de origen. Esto puede responder a prácticas como la discriminación internacional de precios, políticas de promoción para ganar mercado o precios predatorios para desplazar competidores.

Sin embargo, no basta con demostrar el dumping para aplicar medidas; debe probarse que causa un daño importante o amenaza a la producción nacional, basado en evidencias objetivas sobre el volumen de importaciones y su impacto en los precios y productores locales.

Las investigaciones antidumping deben ser solicitadas por productores nacionales o grupos que representen al menos el 50% de la producción del producto similar en cuestión, siempre que ese apoyo no sea menor al 25% del total.

El daño debe evaluarse mediante un procedimiento reglamentado, asegurando que las partes interesadas, como productores, exportadores e importadores, puedan defender sus intereses. Este sistema protege a la producción nacional de prácticas desleales, garantizando transparencia en el análisis y la toma de decisiones.