En las últimas horas, la Confederación General del Trabajo (CGT) encendió un nuevo conflicto con la administración libertaria de Javier Milei, exigiendo al Gobierno nacional que implemente medidas urgentes para rescatar a las obras sociales sindicales. Estas atraviesan un constante proceso de desfinanciamiento que afecta directamente el acceso a prestaciones médicas para más de 15 millones de personas.

Según datos de la CGT, los afiliados a las obras sociales representan cerca del 33,6% de la población argentina. Este grupo incluye a más de dos millones de monotributistas, 130.000 desempleados con acceso a prestaciones, y trabajadoras del servicio doméstico. Sin embargo, la estructura de aportes está desbalanceada, lo que profundiza la crisis financiera del sistema.

El costo promedio mensual del Programa Médico Obligatorio (PMO) —que establece las prestaciones mínimas de salud— asciende a 45.000 pesos por trabajador beneficiario, incluyendo su grupo familiar.

Incluso si se excluyen los servicios para personas con discapacidad, financiados por el Fondo Solidario de la Superintendencia de Salud, el costo del PMO se sitúa en 35.000 pesos mensuales. Este valor supera ampliamente los aportes de sectores como los monotributistas (13.800 pesos), desempleados (14.000 pesos) y trabajadoras domésticas (6.400 pesos).

Ante esta realidad, la CGT intensificó sus pedidos al Ministerio de Salud para que adopte medidas inmediatas que alivien el impacto combinado de altos costos, bajos aportes y salarios en caída. «La crisis actual, agravada por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento descontrolado de los costos médicos y farmacéuticos, se ve exacerbada por los aportes insuficientes de sectores como los monotributistas y el personal doméstico», señalaron desde la conducción de la central obrera.

Desde la CGT subrayaron que esta situación coloca a las obras sociales en desventaja frente a otros sistemas de salud y apuntaron contra las autoridades sanitarias por la falta de respuestas concretas. «Esta realidad genera una inequidad estructural que amenaza el sostenimiento del sistema sanitario sindical», afirmaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de una acción gubernamental que garantice la equidad y estabilidad del sistema.

El reclamo de la CGT vuelve a poner en el centro de la escena el desafío de mantener un sistema de salud inclusivo y sostenible en un contexto económico crítico.