Axel Kicillof sigue abocándose a la gestión y buscando la forma de diferenciarse del la gestión nacional; tal es así, que  la provincia de Buenos Aires, liderada por el gobernador Axel Kicillof, resolvió no sumarse al nuevo programa de blanqueo de capitales impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei.

Esta decisión fue confirmada por el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, quien aclaró que no se incluyó en el proyecto de ley impositiva enviado a la Legislatura ni se prevé en otra iniciativa independiente. La postura de la provincia busca, entre otros objetivos, fortalecer la cultura tributaria y evitar la repetición de regularizaciones fiscales que, según el gobierno provincial, disminuyen los incentivos para cumplir con las obligaciones impositivas.

En contraposición, otras provincias sí optaron por aplicar tasas adicionales para contribuyentes que se adhieran al blanqueo. Santa Fe cobrará un 2% sobre activos superiores a los USD 100,000 y destinará ese fondo a beneficios para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias. Neuquén estableció alícuotas entre el 0.75% y el 1.25%, mientras que Salta cobrará un 10% sobre lo tributado a nivel nacional. Mendoza, por su parte, decidió adherir al blanqueo sin aplicar impuestos adicionales. En Buenos Aires, en cambio, no habrá ningún tipo de tasa o tributo especial, aunque la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) podría aplicar impuestos provinciales sobre los montos exteriorizados en el blanqueo nacional, como los vinculados a ingresos brutos y patrimoniales.

Por caso, el tributarista Sebastián Domínguez explicó que, para los contribuyentes de Buenos Aires, esta decisión podría generar costos adicionales significativos. ARBA tendría la facultad de aplicar el impuesto sobre ingresos brutos a los activos blanqueados, argumentando que representan ingresos omitidos, con alícuotas que podrían variar según la actividad entre el 2.5% y el 5%, o incluso más.

En el caso de empresas que operan en varias provincias bajo el Convenio Multilateral, ARBA podría gravar solo la porción correspondiente a Buenos Aires. Sin embargo, si una empresa opera exclusivamente en esta provincia, el impuesto podría aplicarse sobre la totalidad del monto blanqueado.

Para las personas físicas, el escenario es complejo. Domínguez destacó que quienes exterioricen dinero de fuentes específicas, como herencias o inversiones en el extranjero, podrían argumentar que esos ingresos no están sujetos a ingresos brutos. No obstante, en estos casos, ARBA podría intentar realizar ajustes, y los contribuyentes tendrían que presentar pruebas y argumentos en su defensa.

A nivel nacional, la primera etapa del blanqueo resultó en la regularización de aproximadamente USD 19,000 millones mediante más de 300,000 cuentas CERA abiertas. La segunda fase, que estará vigente hasta el 7 de febrero de 2025, impone una tasa del 10% sobre montos superiores a los USD 100,000.