Javier Milei ha dado instrucciones claras a Diego Chaher, el abogado mendocino a cargo de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado desde junio, para que “el Estado debe retirarse de todas las empresas”. Chaher lidera la recientemente creada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, conocida también como la “Agencia de Desestatización”, la cual se estableció con el objetivo específico de privatizar toda entidad estatal posible. En la Casa Rosada, los funcionarios apuestan a concretar entre tres y cuatro ventas significativas antes de que se intensifique la campaña electoral en 2025, empezando en los últimos meses de este año.

En las últimas semanas, se han anunciado o ejecutado pasos concretos para vender, de manera total o parcial, empresas y activos nacionales como Aerolíneas Argentinas, la Casa de la Moneda, Metrogas, las rutas nacionales, los trenes de carga y pasajeros, IMPSA, AySA, ARSAT, hospitales nacionales y centrales hidroeléctricas. La administración nacional, amparada en las facultades otorgadas por la Ley de Bases y el DNU 70/23, actualmente vigente, puede avanzar en la mayoría de estas privatizaciones sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso. Sin embargo, en el caso de Aerolíneas Argentinas, la privatización requiere el visto bueno de la cámara de diputados.

Durante las negociaciones de la Ley de Bases, Milei había asegurado a los gobernadores aliados que no incluiría a Aerolíneas en el plan de privatizaciones, pero ahora ha retomado la idea de vender la empresa. Ayer, el bloque oficialista logró el dictamen de mayoría para declarar a Aerolíneas “sujeta a privatización”. En el proyecto se establece que el proceso de venta debe ser supervisado por la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y por la Auditoría General de la Nación. No obstante, estos dos organismos actualmente no están funcionando debido a demoras en la designación de sus miembros.

La votación de la media sanción sigue siendo incierta, ya que bloques como Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, integrada por radicales disidentes, se oponen a la privatización total y proponen una alternativa en la que el Estado mantendría la mayoría, similar al esquema de YPF. En el gobierno, sin embargo, buscan aprobar la ley antes de fin de año y acelerar la venta, asegurando que ya hay interesados en adquirir la empresa y señalando que una de las condiciones es la eliminación de los convenios colectivos de los trabajadores.

En una entrevista reciente, Diego Chaher, a cargo del proceso de privatización de empresas públicas, describió a estas entidades como “hijas bobas del Estado, sin misión, sin visión, sin propósitos, con un cúmulo de gente que quedan como capas geológicas”. Para consolidar el plan privatizador, completaron los nombramientos en su área hace dos semanas, con Matías Micheloni, sobrino del vicepresidente de operaciones logísticas de Tenaris (Techint), asumiendo como segundo al mando. En paralelo, la Comisión Nacional de Valores introdujo un régimen especial que flexibiliza los requisitos para que estas empresas puedan cotizar en Bolsa y agilizar así su venta.

Antes de que se estableciera la Agencia de Desestatización, el gobierno ya había comenzado a reducir los recursos de varias empresas públicas mediante una estrategia conocida: deteriorar sus operaciones para justificar su venta. Actualmente, el Estado nacional tiene participación en más de 100 empresas, de las cuales es dueño o accionista mayoritario en aproximadamente un tercio, según un informe del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX). De las 32 que reportan información financiera al Congreso, 21 presentaban superávit al cierre del 2023, pero bajo la administración de Milei, este número se redujo a 12.

Las empresas han experimentado una caída generalizada en sus ingresos, con Aerolíneas Argentinas viendo una disminución del 28 %, Correo Argentino y Corredores Viales del 26 %, Tandanor del 58 % y Nucleoeléctrica Argentina del 10 %. Además, la inversión pública en estas empresas se ha reducido drásticamente: el primer trimestre de este año reflejó una caída del 53 % comparado con el mismo período de 2023. Desde el 10 de diciembre, han sido despedidos 8,929 empleados de empresas públicas, generando al Tesoro nacional un costo de más de 228 millones de dólares en indemnizaciones.

Mauricio Macri se ha convertido en uno de los principales promotores de las privatizaciones. A través de su aliado legislativo, Hernán Lombardi, ha presionado para la venta de Aerolíneas Argentinas, mientras también aboga públicamente por la privatización de rutas, un sector en el que su familia posee experiencia. La semana pasada, compartió un artículo en La Nación, escrito por el exfuncionario Eduardo Plasencia, titulado “La urgencia de privatizar las rutas”. En la publicación, se menciona que Plasencia actualmente es consultor del gobierno de Estados Unidos.

Este jueves, se abrirán las ofertas para concretar la primera privatización del gobierno de Milei: la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), estratégica para la fabricación de insumos energéticos y otros sectores. IMPSA había sido estatizada en 2021 para salvarla, con una inversión del Estado nacional de 15 millones de dólares y de la provincia de Mendoza de otros 5 millones. No obstante, se estima que la oferta ganadora será considerablemente menor a esa inversión inicial, y el principal interesado sería la empresa estadounidense ARC Energy.

En simultáneo, el gobierno avanza en la venta de cuatro centrales hidroeléctricas: Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. También se está evaluando cómo avanzar en la privatización de los trenes de pasajeros tras haber anunciado el plan para el Belgrano Cargas. Mariano Greco, presidente de ARSAT, informó a comienzos de este mes que la empresa de telecomunicaciones comenzará a cotizar en la Bolsa porteña. Ayer, Horacio Marín, titular de YPF, mencionó la intención de vender Metrogas, reforzando la consigna en el gobierno de que cualquier activo vendible debe ser vendido.