«El anuncio del Gobierno Nacional que beneficia a las Prepagas es una muy mala noticia para 11 millones de personas que forman parte del universo de afiliados a obras sociales y empresas de Medicina Prepaga. Es abiertamente inconstitucional y es regresivo en términos de derecho humano de acceso a la salud.», dijo el Dr. Manuel Luaces.

El Dr. Manuel Luaces, Magister en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, explicó que la medida del Gobierno Nacional que beneficia a las Empresas de Medicina Prepaga «es una muy mala noticia para 11 millones de personas afiliados a obras sociales y Prepagas» y agregó: «Es inconstitucional y solo agrega nuevos obstáculos a los usuarios en su derecho a la salud.»

Luaces, en declaraciones a Radio 10, Radio del Plata y el canal de noticias IP, señaló que «la nueva situación va a incrementar la judicialización de los usuarios con sus Prepagas porque van a tener que hacer amparos con medidas cautelares para que le hagan lugar a un descuento, reintegro o tratamiento que surja de un médico que no sea de la cartilla de la empresa.»

En la entrevista que me realizaron @nbg__ y @gsued analizamos cómo la nueva resolución de la @SSSALUD afecta a los once millones de personas que tienen prepaga u obra social y especialmente a aquellos con alguna discapacidad o que padecen una enfermedad poco frecuente. pic.twitter.com/dmpMvalVdx

— Manuel Luaces (@meluaces) October 29, 2024

«Detrás de las Empresas de Medicina Prepaga hay un gran negocio financiero que se beneficia de la eliminación de coberturas y de la judicialización para dilatar en el tiempo distintas prestaciones», señaló.

Vale recordar que el Gobierno Nacional, a través de una resolución (3934/2024) de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), publicada en el Boletín Oficial, estableció nuevos lineamientos para planes de salud de las Obras Sociales y Prepagas que les permite restringir la cobertura de medicamentos de alto costo en los planes cerrados.

Además, a partir de la nueva resolución, únicamente los profesionales incluidos en las cartillas podrán emitir recetas y órdenes de tratamientos de precios elevados.

La medida busca reducir gastos en el sistema de salud y que los médicos que no conocen la historia clínica del paciente prescriban medicamentos.

Los pacientes que deseen elegir profesionales externos deberán pagar los medicamentos sin descuento u optar por planes abiertos, de mayor costo mensual.

Manuel Luaces, en su análisis sobre la situación actual de las Prepagas y los amparos judiciales que están surgiendo, afirmó que «la purga de las Prepagas desde enero supero las 600 mil personas que dejaron sistema por no poder pagarlo» y agregó: «Quedó el público cautivo como adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y discapacitados que no pueden cambiar de Prepaga y se ven muy perjudicados con estas nuevas medidas», concluyó