La cúpula del Ejército expresó al ministro de Defensa, Luis Petri, su inquietud respecto a las implicaciones del proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Interior, que podría involucrar a las fuerzas militares en tareas fundamentalmente policiales para combatir el terrorismo. Es importante subrayar que esta preocupación fue comunicada «de manera institucional y con el debido respeto».

En particular, la inquietud radica en la posible aplicación de la fuerza y el control sobre la población, “sin que se especifique claramente una autoridad de aplicación ni quién asumiría el mando en el terreno durante este tipo de operaciones”, detallaron fuentes militares.

La preocupación fue expresada “por el general Carlos Presti en la segunda semana de agosto”, poco después de que el Gobierno enviara al Congreso, el 5 de este mes, el proyecto que modifica el artículo 27 de la Ley 24.059, de Seguridad Interior.

Además, las principales autoridades del Ejército coinciden en la necesidad de “actualizar” las leyes de Defensa, promulgada durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y de Seguridad Interior, aprobada bajo la administración de Carlos Menem. Así lo habrían manifestado en un documento entregado al ministro.

Sin embargo, altas fuentes del Ministerio de Defensa consultadas en cuestión sostienen que “Petri consultó a los altos mandos de las tres fuerzas, y el único pedido fue que la reforma se haga mediante una ley”. En este contexto, las mismas fuentes confirmaron que los militares están conformes con “la reivindicación de las Fuerzas Armadas que ha realizado el presidente Javier Milei” y con la decisión de abandonar la política de “inclusión social en las villas miserias como lo hizo Cristina Kirchner”.

En conclusión, mientras el debate sobre la reforma de la Ley de Seguridad Interior avanza en el Congreso, las Fuerzas Armadas se mantienen atentas a las modificaciones propuestas, expresando su preocupación sobre el alcance y las implicaciones de su participación en tareas de seguridad interna. A pesar de estas inquietudes, las autoridades militares parecen dispuestas a apoyar las reformas siempre que se realicen a través de los canales legales correspondientes, y destacan el respaldo del actual gobierno a la labor de las Fuerzas Armadas, lo que podría marcar un cambio significativo en su rol dentro del país.